Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Foto: ABI
Más de 100 policías comenzarán a operar en la frontera con Brasil contra el crimen organizado; el Gobierno afirma que investiga un presunto blanqueo de activos mediante inmuebles y criptomonedas en el caso Roger Mariaca; y el Ejecutivo ratificó que busca mantener el precio del pan de batalla mientras los panificadores revisan sus costos de producción. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
Más de 100 policías conformarán un grupo de fuerzas especiales que operará desde este miércoles en zonas fronterizas con Brasil, informó el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Edson Fernández. Los efectivos fueron entrenados en el Centro de Entrenamiento Internacional Antinarcóticos Garras del Valor. Fernández anunció que la presentación formal de la unidad se realizará esta semana y precisó que más de un centenar de policías están llegando a las zonas fronterizas. En septiembre, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había anunciado la creación de una unidad de élite con base en Santa Ana de Yacuma, Beni. La nueva fuerza reforzará la seguridad en la frontera, donde se reportó la presencia de organizaciones criminales brasileñas como el PCC y el Comando Vermelho.
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que en el caso Roger Mariaca se investiga un presunto blanqueo de activos mediante autoventas, propiedades inmuebles y criptomonedas. “Hay efectivamente blanqueo de activos, no solamente en autoventas, sino también en propiedades inmuebles, en criptomonedas, que eso se está investigando”, declaró. Sus afirmaciones se conocen después de los allanamientos a dos autoventas de Santa Cruz. Según el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, en los operativos fueron secuestrados 43 vehículos. Oviedo indicó que la información reunida se remite al Ministerio Público y a la justicia ordinaria. Las investigaciones buscan establecer si los bienes tienen relación con el caso y con las personas investigadas.
El viceministro de Comercio Interno, Gustavo Serrano, afirmó que la línea del Gobierno es mantener el precio vigente del pan de batalla, tras una reunión con representantes del sector panificador realizada este lunes. “El pan de batalla, que es ese alimento tan importante de las familias bolivianas, debe mantenerse”, declaró. Serrano explicó que los panificadores revisarán en los siguientes cinco días el detalle de sus costos de producción, mientras el Gobierno analizará alternativas para apoyar al sector. También anunció que en la próxima reunión se presentará el mecanismo digital Geopan, que será dirigido por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y permitirá ubicar a los panificadores y consultar los precios a los que venden en distintos puntos del país. El control de precios corresponde a las alcaldías.
El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1778, que aprueba un préstamo de $us 200 millones del Banco Mundial para financiar el Bono PEPE, el Bono Juana Azurduy y otros programas de asistencia destinados a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica. El convenio de préstamo establece un plazo de 23 años para el reembolso, incluidos 14 años de gracia, y un periodo de cuatro años para el desembolso. De acuerdo con la información proporcionada durante el tratamiento de la norma, $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas vinculadas al Bono PEPE y otros programas sociales, mientras que los $us 8 millones restantes financiarán el fortalecimiento del sistema de protección social y la gestión del proyecto. El Ministerio de Economía presentará informes semestrales a la ALP.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, informó que al menos Bs 400 millones estarán disponibles de manera inmediata para el Órgano Judicial tras la promulgación de la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales. Explicó que los recursos se destinarán a tres áreas: herramientas tecnológicas, infraestructura judicial, principalmente en provincias, y contratación de personal para apoyar a los jueces y descongestionar las causas pendientes. “Se estima que 400 millones de bolivianos estarán disponibles de manera inmediata”, afirmó. El presidente Rodrigo Paz promulgó la norma este lunes. La ley busca agilizar la devolución de depósitos judiciales y establece que los fondos no reclamados podrán destinarse al fortalecimiento del sistema de justicia.
La declaración informativa del exedecán de Roger Mariaca ante la Fiscalía detalla los movimientos del exfiscal general antes de su aprehensión. Según el documento, el lunes 28 de septiembre, después de una conferencia de prensa, Mariaca fue trasladado a su domicilio por su chofer y el exedecán. Allí instruyó al policía que permaneciera de guardia durante la noche. Al día siguiente salió con un bolso negro de cuero y una mochila. “Hoy voy a comprar una casita”, le dijo al exedecán y le pidió llevar el bolso al vehículo. Más tarde, en la Fiscalía de Sucre, le indicó que llevara el bolso a su casa y afirmó que contenía sus ahorros. La declaración también refiere reuniones de Mariaca con el entonces fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y llamadas del exfiscal superior Martín Irusta tras la aprehensión de ambos.
Los senadores José Sánchez y Elizabeth Moreno fueron elegidos como jefe y subjefa de bancada de la alianza Libre para la legislatura 2026-2027. La organización, liderada por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, es la segunda fuerza política con representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La nueva directiva reemplaza a los senadores Tomasa Yarhui y José Manuel Ormachea. La mayoría de la bancada definió los cargos al inicio de la nueva legislatura, periodo en el que las fuerzas políticas eligen o ratifican anualmente a sus responsables. Moreno afirmó que el compromiso de la alianza es fortalecer la unidad y trabajar para superar la crisis del país. “En este momento no somos gobierno, pero lo que buscamos es lo mejor para nuestro país”, señaló.
El Gobierno y los trabajadores de Boliviana de Aviación (BoA) conformaron una mesa de trabajo para abordar el plan de recuperación de la aerolínea estatal. La reunión contó con representantes del Ministerio de Obras Públicas, la gerencia de BoA, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y representantes sindicales. Según la información del Ministerio, el espacio permitirá a los trabajadores conocer las acciones previstas y los lineamientos del plan elaborado por la Gerencia General. Antes del encuentro, los empleados se habían declarado en emergencia por la situación operativa y financiera de la empresa. En un documento remitido a los medios, denunciaron falta de atención del Directorio de BoA y del Ministerio de Obras Públicas ante los problemas que enfrenta la institución.
La declaratoria de emergencia nacional por fenómenos climáticos requiere un procedimiento técnico, jurídico e institucional previsto en la Ley 602 de Gestión de Riesgos y su reglamento. La decisión corresponde al presidente del Estado, mediante decreto supremo y previa recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade). El nivel central puede declarar emergencia nacional cuando un fenómeno supera la capacidad económica o técnica de los gobiernos departamentales afectados. El procedimiento requiere evaluar daños, familias damnificadas, amenazas y capacidad de respuesta, además de elaborar el expediente técnico-jurídico y el proyecto de decreto supremo. La precisión se difundió después de declaraciones sobre una posible declaratoria nacional ante fenómenos climáticos.
El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, afirmó que el Estado actuará conforme a la ley frente a quienes pretendan romper el orden constitucional. “Si ellos persisten y quieren romper el orden constitucionalmente erigido, tienen que saber que el Estado y la ley van a actuar”, declaró. La autoridad sostuvo que los conflictos deben resolverse mediante negociaciones y diálogo. También señaló que los sectores evistas pueden ejercer su derecho a expresarse y protestar, pero no amenazar ni conspirar. Según la publicación, los seguidores del expresidente Evo Morales suspendieron sus movilizaciones para evitar aprehensiones, en atención al estado de excepción vigente hasta diciembre. Sobre la aprehensión del senador Nilton Condori, Bascopé afirmó que deberá responder ante la justicia por sus declaraciones.
