Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Policía considera que el mensaje también apunta al viceministro Peter Maldonado; el TSE propone retirar la personería a partidos que cobren por candidaturas y cuatro gobernadores rechazan el 1% de coparticipación. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
Un video difundido en redes sociales muestra a personas encapuchadas que lanzan una advertencia supuestamente contra el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado. El mensaje señala: “Ya se cumplió tu plazo y los muertos de aquí para adelante quedan bajo tu responsabilidad; quedan 24 horas”. La grabación coincide con el contenido de una cartulina encontrada junto al cuerpo de un hombre acribillado, hallado la mañana del lunes en el Cordón Ecológico de Santa Cruz. La Policía y el Ministerio Público tienen el video y el letrero para someterlos a análisis de inteligencia y peritaje informático. Las investigaciones buscan identificar a la víctima y esclarecer el asesinato. El nombre figura de manera explícita tanto en el letrero dejado al lado de los restos acribillados como en la grabación que se ha hecho viral.
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El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, afirmó que el mensaje encontrado junto al cuerpo de un hombre acribillado en Santa Cruz constituye una amenaza directa contra el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado. Según la autoridad, la advertencia busca amedrentar a las instituciones para que frenen los operativos contra organizaciones criminales que operaban en Bolivia. Álvarez atribuyó el mensaje a la reacción de grupos delictivos afectados por los operativos contra el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Informó que en lo que va de la gestión fueron capturados y expulsados a Brasil 65 líderes de esas organizaciones. La Policía aseguró que continuará con las operaciones de interdicción contra el crimen organizado y el narcoterrorismo.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, anunció que presentará a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a cuatro normas vinculadas al sistema democrático y electoral. Entre las propuestas está sancionar con la pérdida de personería jurídica a los partidos que cobren por candidaturas, eliminar el certificado obligatorio de conocimiento de dos idiomas y establecer debates obligatorios para los postulantes. El proyecto también plantea incorporar el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) a la normativa, regular las encuestas y la propaganda en medios digitales y cerrar las listas de candidatos 45 días antes de cada elección. Ávila prevé entregar los proyectos entre el 25 y el 30 de noviembre. Ávila explicó que la iniciativa es resultado de una consulta realizada en los nueve departamentos.
La propuesta del Gobierno de asignar el 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones dividió al bloque de autoridades departamentales. Los gobernadores de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco; Tarija, María René Soruco; Cochabamba, Leonardo Loza; y Oruro, Édgar Sánchez, rechazaron el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo. En cambio, Luis Revilla, de La Paz, y Jesús Egüez, de Beni, consideraron que representa un avance. Los gobernadores de Pando, Potosí y Chuquisaca no fijaron posición. El planteamiento regional había sido de al menos el 15%. Las autoridades departamentales tienen hasta el miércoles 4 de noviembre para enviar observaciones al anteproyecto de ley de coparticipación tributaria. Las autoridades departamentales tienen plazo hasta el miércoles 4 para remitir sus observaciones.
La asignación del 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones representaría alrededor de Bs 560 millones provenientes de siete impuestos nacionales, informó el director del Servicio Estatal de Autonomías, Alfonso Lema. Explicó que la distribución de esos recursos tomará en cuenta factores como la población, la eficiencia fiscal y los niveles de pobreza de cada departamento. El funcionario indicó que, además de ese monto, existen otros recursos destinados a generar mejores condiciones económicas para las administraciones departamentales. El Gobierno anunció que este martes remitirá a las gobernaciones el texto del anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales. No existe aún una fórmula definitiva sobre cómo se distribuirá ese 1% a las gobernaciones.
El turismo generó $us 818,6 millones en Bolivia durante 2025 y representó el 4,9% del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Ese año llegaron al país 1.145.165 visitantes extranjeros, un 15,5% más que en 2024. La Cámara Boliviana de Turismo considera que el sector tiene potencial para generar hasta $us 3.000 millones, pero advierte que enfrenta dificultades por la falta de conectividad aérea, los bloqueos, la inseguridad, la escasa promoción y una legislación desactualizada. Su presidente, Luis Ampuero, señaló que los conflictos sociales y los cortes de carreteras afectan a toda la cadena de servicios vinculada a la actividad turística. La falta de conectividad aérea, los bloqueos y una legislación desactualizada frenan su potencial, según Cabotur.
Los restaurantes de Santa Cruz facturaron Bs 1.994 millones en 2024, frente a los Bs 1.136 millones registrados en 2020, lo que representa un crecimiento del 76%, según datos del Servicio de Impuestos Nacionales recopilados por el Ministerio de Economía. La Cámara Gastronómica de Santa Cruz agrupa a unas 280 marcas y plantea aprovechar los feriados largos para aumentar las ventas mediante promociones, planificación de compras y contratación de personal eventual. Su presidente, Carlos Fernando Caero, advirtió que los bloqueos y las filas por combustible dificultaron el desplazamiento de visitantes durante anteriores feriados. El sector también enfrenta presión por el aumento de los costos de productos básicos y la reducción de ventas en algunos establecimientos.
Los trabajadores de Manaco rechazaron el cierre definitivo de la empresa y plantearon asumir la administración de la fábrica como una empresa social para mantener la producción y preservar sus empleos. Los obreros permanecen en las instalaciones de Quillacollo, Cochabamba, y piden la intervención del Gobierno. La Central Obrera Boliviana exigió a los propietarios presentar los informes financieros que respalden las pérdidas acumuladas de Bs 130 millones y solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo. El conflicto involucra a más de 600 trabajadores, según la COB. La empresa sostiene que sus operaciones dejaron de ser viables y se comprometió a pagar los beneficios sociales. Los obreros permanecen en las instalaciones de Quillacollo, Cochabamba, y demandan una salida que preserve sus fuentes de empleo.
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, lideradas por Evo Morales, se declararon en estado de emergencia y solicitaron una reunión urgente con el Gobierno para tratar la racionalización de cultivos excedentarios de coca. Dirigentes del sector afirmaron que un contingente de efectivos militares llegó a la región para realizar tareas de erradicación y racionalización de cultivos no autorizados. Los representantes pidieron coordinación para evitar enfrentamientos y advirtieron que sus bases están en estado de alerta. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos de coca en el trópico cochabambino aumentaron de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 en 2025. La ley autoriza un máximo de 7.700 hectáreas para el Chapare.
La Fiscalía investiga como un posible ajuste de cuentas el asesinato de un hombre que fue acribillado dentro de su domicilio en el barrio Villa 8 de Guayaramerín, Beni. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que la víctima era una persona mayor, ya identificada y que no registraba antecedentes. El hecho ocurrió la madrugada del lunes, cuando vecinos escucharon una ráfaga de disparos. Urioste señaló que las pesquisas continúan y mencionó que también se investiga una posible relación con estructuras de mafia organizada. La autoridad no proporcionó detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre las circunstancias que rodearon el ataque. Mientras avanzan las investigaciones, la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del asesinato y determinar si se trató de un ajuste de cuentas.