Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Caso cuoteos: chats y denuncias enfrentan a legisladores y exdirectivos de la AISEM. Gobierno y médicos acuerdan suspender medidas de presión. Paz envía a la Asamblea un crédito de $us 95 millones para la carretera Santa Bárbara-Caranavi. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
La Gobernación de Tarija, el Comité Cívico y representantes de las comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía expresaron su rechazo a la decisión del Tribunal Agroambiental que permite continuar los trabajos exploratorios del proyecto Domo Oso X-3, en el área de San Telmo Norte. La Sala Primera rechazó los recursos que buscaban mantener suspendidas las actividades y ratificó que el proyecto está fuera de los límites de la reserva. La gobernadora María René Soruco cuestionó que se haya levantado la medida cautelar sin resolver aspectos ambientales pendientes. Advirtió que existen trabajos a menos de 50 metros de un río que, según dijo, podrían afectar el medioambiente. El presidente del Comité Cívico, Jesús Gira, anunció que no descarta convocar a una asamblea para definir medidas de defensa de Tariquía.
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Un incendio de gran magnitud consumió casi en su totalidad una importadora china ubicada en el tercer anillo de Santa Cruz, entre las avenidas Roca y Coronado y Centenario. El fuego comenzó cerca de las 09:00 del jueves y movilizó a 223 bomberos, que trabajaron durante más de cinco horas para controlar las llamas. El director de Bomberos, Iver Rioja, informó que se utilizaron alrededor de 200.000 litros de agua. Cuatro personas que estaban en el lugar sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado; tres de ellas fueron reportadas con lesiones graves. Una de las víctimas tenía quemaduras en más del 30% del cuerpo, en los brazos y el pecho, y fue ingresada a quirófano. También resultó afectada una niña de ocho meses. Las tareas de remoción y enfriamiento continuaron durante la noche para evitar que el fuego se reactive.
- Caso cuoteos: chats, audios y denuncias penales enfrentan a diputados y a la exdirectora de la AISEM
La controversia por las presuntas presiones para contratar personal en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) se amplió con audios, conversaciones de WhatsApp, denuncias penales y acusaciones cruzadas. La exdirectora Daniela Quiroga afirmó que los diputados Claudia Bilbao y Alejandro Medinaceli, junto con Óscar García, actuaban coordinadamente para recomendar postulantes y presionar por su contratación. Dijo que recibió alrededor de 50 currículums y que unas 40 personas llegaron a incorporarse a la entidad. Bilbao reconoció una conversación con Quiroga, pero sostuvo que el audio difundido está recortado y negó haber enviado listas de nombres. Medinaceli también admitió que la voz de la grabación es suya, aunque afirmó que el contenido fue editado.
El presidente Rodrigo Paz remitió a la Asamblea Legislativa un crédito de $us 95 millones suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para ejecutar obras complementarias y rehabilitar la carretera Santa Bárbara-Caranavi, en el norte de La Paz. El financiamiento fue firmado por el Gobierno y enviado al Legislativo para su tratamiento y aprobación. El proyecto contempla trabajos a lo largo de 38,2 kilómetros, con pavimentación, estabilización de sectores críticos, construcción de viaductos, medio viaductos y túneles, además de sistemas de drenaje y señalización. También incluye el mantenimiento de la vía por al menos dos años, sujeto a los recursos disponibles después de la ejecución de las obras. Paz explicó que el objetivo es evitar que los derrumbes y las lluvias interrumpan el tránsito vehicular y dejen aisladas a las poblaciones de la región. La carretera que permita mantener la conexión con el norte paceño.
El presidente Rodrigo Paz gestionó en sus viajes al exterior recursos económicos y apoyo de especialistas internacionales para encaminar una reforma judicial, informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La autoridad explicó que el mandatario tomó contacto con expertos y buscó financiamiento para impulsar cambios en el sistema de justicia boliviano. Oviedo señaló que el Órgano Judicial atraviesa una crisis por casos de corrupción y vínculos de autoridades judiciales y fiscales con organizaciones criminales y actividades de narcotráfico. Mencionó que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo se encuentra prófugo y que el exfiscal general Roger Mariaca está recluido, imputado por narcotráfico y organización criminal. El ministro indicó que una transformación estructural requerirá modificar la Constitución Política del Estado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, relacionó el ataque armado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el penal de El Abra, con la desarticulación de organizaciones criminales internacionales. La autoridad señaló que el hecho adquiere otras connotaciones porque en los últimos meses se realizaron operativos contra estructuras delictivas de distintos países. Según la información preliminar que recibió, los responsables del ataque serían ciudadanos brasileños. La Policía identificó a cuatro privados de libertad presuntamente involucrados: tres brasileños y un boliviano. Los investigadores verificaron diez impactos de bala dirigidos contra Zeballos, quien logró salvarse al refugiarse en el baño de su celda. Oviedo cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y lo calificó como anacrónico y deficiente.
La consejera Gabriela Araoz fue elegida por la Sala Plena como presidenta del Consejo de la Magistratura y comenzará su gestión el 4 de enero. Hasta entonces, Carlos Spencer continuará al frente de la institución. Araoz afirmó que mantendrá el trabajo que viene desarrollando como consejera y que su gestión se regirá por los principios de transparencia, legalidad y respeto a la Constitución. La elección se produce en medio de cuestionamientos contra Spencer por presuntos vínculos con el exmagistrado Romer Saucedo, quien está prófugo. El vocal del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía, acusó al actual presidente de la Magistratura de haber realizado un viaje en vuelo privado y le pidió explicar su relación con Saucedo. Spencer negó haber viajado en un avión privado a Trinidad.
El Ministerio de Salud y representantes del sector médico llegaron a un acuerdo después de una reunión de cinco horas y suspendieron las medidas de presión que habían sido anunciadas por los profesionales en salud. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Wilfredo Anzoátegui, informó que el entendimiento contempla tres asuntos: la reestructuración del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial e Investigación de Bolivia (CNIDAI), el Código de la Seguridad Social y la institucionalización del sector, junto con la Ley 3131 y los estatutos del Colegio Médico. El encuentro se realizó después de que los trabajadores sanitarios anunciaran un paro de 24 horas y se declararan en estado de emergencia para exigir atención a sus demandas. Anzoátegui destacó la participación de los presidentes de los consejos médicos.
Especialistas de Alemania, Australia, Francia, Estados Unidos y China participaron en Santa Cruz en el Foro Internacional “Litio sin Fronteras”, convocado para intercambiar conocimientos sobre la gestión y el desarrollo de este recurso. El encuentro reunió también a representantes de organismos de normalización de Argentina, Bolivia y Chile, además de autoridades, empresas, universidades y entidades de cooperación. Las exposiciones abordaron estándares de calidad, sostenibilidad, trazabilidad y oportunidades de cooperación para fortalecer la cadena de valor del litio. La Unión Europea presentó posibilidades de cooperación con América Latina en el ámbito de los recursos críticos, también se analizaron los requisitos técnicos y ambientales que deben cumplir los productos para acceder a los mercados internacionales.
La dirigencia del magisterio urbano decidió levantar los piquetes de huelga de hambre instalados en distintas ciudades del país y concentrar sus medidas de presión en movilizaciones callejeras contra la transferencia de los institutos tecnológicos a las gobernaciones. Anahí Bozo, representante del magisterio urbano de La Paz, informó que las protestas continuarán y podrían radicalizarse la próxima semana, con el respaldo de la Central Obrera Boliviana, las bases del magisterio rural y padres de familia. El sector denuncia el inicio de una privatización de la educación fiscal y gratuita. El Gobierno rechaza esa interpretación y comenzó mesas de diálogo departamentales para definir si esos centros de formación pasarán a las gobernaciones, permanecerán bajo administración del nivel central o tendrán un modelo de gestión compartida.
