La Fiscalía desconoce el estado actual de los funcionarios y desplegó un contingente policial para atender la emergencia. La retención ocurrió tras la aprehensión de un investigado por la muerte de una persona.
eju.tv / Video: El Popular Bolivia
El fiscal Javier Solís y dos efectivos policiales fueron secuestrados por habitantes del municipio de Ixiamas, al norte de La Paz, quienes presuntamente los trasladaron al «cepo», luego de la aprehensión de una persona relacionada a un proceso de investigación por la muerte de un hombre. El Ministerio Público denunció este martes el hecho y expresa su preocupación por la integridad física de los funcionarios, de quienes se desconoce su ubicación.
El coordinador general del Ministerio Público, Edwin Sarmiento, informó que el conflicto se originó en una investigación por la muerte de una persona, en septiembre de 2022, caso que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral. En ese contexto, se dispuso la aprehensión de un hombre originario de la región, lo que presuntamente habría provocado la reacción de los comunarios.
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«Entendemos que el fiscal y los dos policías fueron prácticamente secuestrados, sacados de las oficinas por la fuerza y golpeados», manifestó Sarmiento, quien indicó que existen reportes de que los funcionarios fueron trasladados al cepo.
«Entendemos que, como consecuencia de ello, el fiscal y los policías fueron prácticamente secuestrados, sacados de las oficinas por la fuerza y golpeados. Incluso tenemos información de que los habrían llevado al cepo. Esto preocupa enormemente al Ministerio Público como institución, independientemente de la labor que cumple el fiscal de manera individual», indicó.
El coordinador señaló que el Ministerio Público recibió información de vecinos y exfuncionarios de la Fiscalía, además de videos que darían cuenta de la salida forzada de los servidores públicos de sus oficinas y de las agresiones durante su traslado.
Asimismo, indicó que un contingente policial fue desplazado a la región para precautelar la integridad física de los funcionarios. Sin embargo, las autoridades aún desconocen su estado actual.
Sarmiento advirtió que la justicia comunitaria no justifica ningún tipo de agresión contra fiscales o policías y señaló que, una vez que se cuente con todos los elementos, se determinará la calificación jurídica de los hechos.
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, expresó su preocupación por la situación y denunció que los comunarios habrían ingresado por la fuerza al asiento fiscal de Ixiamas para tomar al fiscal que cumplía labores investigativas.
Quiroga señaló que, de acuerdo con la información recibida, el fiscal habría sido llevado a otro lugar y se encontraría ensangrentado. «La justicia comunitaria y ninguna justicia es base de una justificación para llegar a tomar a los fiscales y mucho más, si se trata de autoridades», afirmó.
El fiscal departamental remarcó que el Ministerio Público desarrolla sus investigaciones de manera transparente y que no se puede permitir que un funcionario que cumple una labor investigativa sea agredido o retenido por particulares.
En ese sentido, exhortó a los dirigentes y pobladores a establecer un canal de comunicación con la institución para resolver el conflicto. Para ese propósito, la Fiscalía habilitó el número telefónico 789 34954.
