Álvaro Riveros Tejada La desprolija, como obscena negociación saldada hace dos semanas con el consorcio minero chileno de ulexita “Quiborax-Non Metallic Minerals”, dio motivo a que el Estado boliviano acuerde pagar 42,6 millones de dólares, tras ser derrotado en un juicio incoado en su contra, ante el Tribunal del Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones (CIADI), por la reversión de su concesión minera en Uyuni, durante el gobierno del expresidente Mesa y ratificada por el gobierno de Rodríguez Veltzé, por evasión impositiva y por no declarar sus volúmenes reales de exportación. Medidas ambas que, sin la necesidad de apelar a eufemismos, pudieron ser calificadas de “nacionalización” por los exmandatarios, al aplicar fielmente las leyes vigentes.
En el año 2008, Quiborax introdujo su demanda ante el CIADI y el exprocurador Arce, mediante carta del 26 de febrero de 2009 aceptó el cronograma propuesto, para proseguir con el arbitraje. Por su parte, la empresa habría accedido a recibir tres millones de dólares para terminar dicha demanda de arbitraje empero, este arreglo fue denegado y es ahí que nos llama la atención que el pago realizado recientemente, con recursos públicos, sea 13 veces mayor a lo que la compañía chilena ya había accedido a recibir y 50 veces el valor de lo invertido por ésta.
A este dislate se suma que el acuerdo de marras haya sido pactado con el abogado chileno Andrés Jama, el mismo que, además de representar a Quiborax, es asesor de Chile en el litigio marítimo que le sigue Bolivia en la Haya. Es más, el referido pacto fue refrendado con un caluroso apreton de manos, entre el ministro de minas y el abogado Jama, añadiendo que dicha celebración obedecía también a que el gobierno, pese a la derrota sufrida, consiguió reducir el monto de 48,6 millones de dólares que debía pagar el país, a sólo los 42,6 millones. ¡Vaya una verdadera victoria pírrica! Entretanto, lo funesto de la negociación señalada es el enorme peligro que ésta se repita, con un poder destructivo 10.000 veces mayor, cuando se trate de defender la demanda interpuesta por la compañía suiza “Glencore Finance” contra el Estado boliviano, por la nacionalización de la mina Colquiri y la fundidora de Vinto, usando la misma vía que la de la chilena, con riesgo de que Bolivia pierda el pleito ante la Corte de Arbitraje de la Haya, y termine pagando, no solo los 675 millones de dólares que los suizos han solicitado, sino 1.200 millones por intereses y costas, pues nuestra defensa, similar que en el caso Quiborax, nos deja entrever una inminente probabilidad de perder la demanda. Sin embargo, esos dispendios ya no nos deberían llamar la atención, pues el mismo procurador Menacho acaba de revelar que, “el Estado boliviano pagó hasta la fecha, 800 millones de dólares, a 14 empresas que llevaron a Bolivia a los estrados judiciales por las nacionalizaciones llevadas adelante por el actual gobierno en los últimos 12 años”. Ante tan insólita afirmación, sólo nos resta la amarga experiencia de conocer a fondo, el costo de las nacionalizaciones truchas.