Militares retirados denunciaron ante el jefe del ejército que las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985 se han convertido en un hostigamiento y amenazaron con "hacer sentir nuestra voz, que será muy fuerte".
Los ex militares, miembros del llamado "Foro Libertad y Concordia", enviaron una carta al general Jorge Rosales en la que manifestaron que "la cuestión del tema derechos humanos en el Uruguay no sólo no ha logrado ser superada sino que, se advierte, ha pasado a etapas superiores de profundización en el hostigamiento a integrantes de las fuerzas armadas y policiales".
"La carta está en poder del comandante, quien no formuló comentario alguno… no está firmada por ninguna persona sino con el nombre del Foro Libertad y Concordia", dijo el viernes a AP el coronel Mario Stevenazzi, jefe de Comunicación Social del Ejército.
La misiva agregó que "el corriente año se inicia con un agravamiento de esta situación, materializado en la apertura de numerosas causas judiciales que involucran a decenas de oficiales".
Desde Venezuela, donde se encontraba de visita, el presidente José Mujica aseguró el jueves que el gobierno "no manda a los fiscales y no manda a los jueces".
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Mujica fue uno de los líderes de la organización subversiva tupamaros, que entre 1963 y 1972 protagonizó sangrientos episodios contra gobiernos democráticos buscando alzarse con el poder por la lucha armada. Tras cometer asesinatos, incendios, robos, secuestros y extorsiones, los tupamaros fueron desarticulados por las fuerzas armadas. La lucha contra la organización fue uno de los fundamentos del golpe de Estado de 1973 y la dictadura que se extendió hasta 1985.
Una decena de uniformados están presos, todos acusados de delitos de lesa humanidad cometidos fuera de Uruguay, en especial en Argentina, donde desaparecieron unos 150 uruguayos. Al ser delitos cometidos fuera del país, la justicia consideró que no regía la ley de amnistía sancionada en 1986 que evitó que los militares comparecieran ante los tribunales por los crímenes cometidos durante el régimen de facto.
La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que amnistió a los militares, fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009.
Los militares aseguraron que el procesamiento del general en actividad Miguel Dalmao por la muerte de una militante comunista en 1974, "sin reacción visible y contundente por parte de las fuerzas armadas, constituyó el punto de quiebre, de inflexión, que mostró que cualquier cosa es admisible en los juicios contra los militares".
Dalmao es el primer militar activo en ser procesado y encarcelado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Su caso cobró notoriedad cuando en octubre de 2009 la Suprema Corte declaró inconstitucional la ley de amnistía, dando paso a su procesamiento.
Para que la Corte declare inconstitucional la amnistía, cada caso debe ser presentado individualmente. Tras un período de meses de estudio por cada uno de sus cinco magistrados, el tribunal toma la decisión.
AP