Los tres informes de auditoría interna del Ministerio de Gobierno que presentó la Fiscalía dentro del caso Uelicn establecen que no hubo daño económico al Estado. Los tres documentos, sin embargo, identifican delitos penales de una veintena de funcionarios, nueve de los cuales están tras las rejas, acusados por distintos delitos.Asimismo, los fiscales no consideraron convocar a las autoridades o exautoridades del Ministerio de Gobierno, que es la tutora de la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), donde se produjeron los hechos.“La auditoría dice que no hay daño económico porque se han cumplido a cabalidad los trabajos y lo dice la auditoría; ustedes pidan una copia de esa auditoría y podrán acceder a esa información, no existe daño económico”, confirmó César Cardona, abogado de Daniel Arévalo, el noveno detenido por este caso.No fue el único, durante las audiencias cautelares del coronel Guillermo Quiroga y del funcionario Juan Carlos Peralta, en esta semana, los abogados defensores también detectaron el resultado de esas auditorías y mencionaron al juez anticorrupción Alan Zárate. Consideraron que no había delito y, por lo tanto, no podían detenerlos, pero no fueron escuchados.El fiscal del caso, Mario Rea, admitió que los tres informes de auditoría no establecen daño económico, pero dijo que más adelante se puede configurar ese delito, a medida que avancen las investigaciones. “En la etapa de investigación solo se indagan indicios, en base a ellos podemos ampliar la investigación de acuerdo con lo que vayamos encontrando en el futuro, seguro podemos ver el daño económico”, declaró el fiscal cuando se le consultó por qué hasta el momento no se detectó el daño al Estado. Sin embargo, hasta el momento, nueve personas están detenidas por supuestos hechos de corrupción en la Uelicn y se busca a otras 12 que participaron como parte de las comisiones de icitación y adjudicación para beneficiar supuestamente a la empresa Horizontal de Aviación y Horizontal Bolivia SRL.El viceministro En las audiencias, los abogados también solicitaron la convocatoria a las autoridades máximas de este sector, es decir el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quienes debían declarar por este caso, ya que son autoridades de las que depende la Uelicn. “Por qué no está el ministro (Carlos) Romero prestando declaraciones, si conocía o no los contratos.Se habla de tantos millones de dólares, había auditorías anuales en esa unidad, nunca ha salido ninguna responsabilidad, ahora denuncian y qué hace el Ministerio de Gobierno, hace una posición de víctima de denunciante y se lleva por delante como un tren a todos. Pero vean las jerarquías y quiénes están o hay algún viceministro o ministro”, cuestionó el abogado César Cardona. El fiscal Rea descartó la convocatoria a las autoridades y derivó en los abogados defensores la responsabilidad de esos llamados. “Cuál es el motivo para que sean convocados (…), por el momento no será convocado el señor viceministro”, dijo la autoridad al ser consultado.
