Oposición pide derogar decretos de Evo que autorizan contrataciones directas y generan corrupción.
Piden designación de autoridades titulares en las empresas públicas que administran los recursos del Estado.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, reveló nuevos casos de corrupción, cometidos en esa institución bajo la gestión de Santos Ramírez
La Patria
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Las administraciones político-partidarias que dirigieron Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) transformaron a la empresa en “agencia de empleos”, con lo que la planilla se multiplicó hasta contar con 1.557 funcionarios, denunció el sexto presidente de la estatal, Carlos Villegas.
El ejecutivo que fue nombrado por el Presidente de la República para combatir la corrupción de YPFB, criticó que sus predecesores hayan empleado fondos públicos para gastos administrativos, cuando en la industria extractiva se “debe priorizar la inversión y no gastos corrientes”.
El número de funcionarios de YPFB se reducirá, porque una “empresa petrolera es altamente intensiva en capital por eso requiere pocos trabajadores”, remarcó Villegas. La cantidad óptima será establecida por estudios técnicos.
Los empleados de la estatal aumentaron “exponencialmente” y, además, “en asimetría”, puesto que hay más funcionarios administrativos que técnicos, reprochó el ejecutivo.
LOS PRIMEROS 74
Villegas informó que en la empresa ya despidieron a 74, entre los involucrados en el asunto YPFB-Catler-Uniservice y supernumerarios. Pero estas exoneraciones no terminan aquí, sino que continuarán porque la petrolera estatal “no es agencia de empleos”.
YPFB “no es fuente laboral”, remarcó el ejecutivo al informar que despedirán a funcionarios que “no sean necesarios”. Además, de indicar que si se sigue detectando más involucrados en las irregularidades igual serán echados.
La misión encomendada por el presidente Morales es precisamente limpiar YPFB, luchar contra la corrupción que se asentó en la estatal y encaminarla como una empresa petrolera integral, remarcó Villegas.
TRABAJADORES
El sindicato de trabajadores de La Paz pide al Presidente de la empresa que revise los expedientes para verificar la necesidad de cada funcionario en la compañía. El secretario General, Ramiro Saavedra, indicó que con los sindicatos del interior solicitarán una reunión con el máximo ejecutivo.
Saavedra señala que las exoneraciones en este momento está dejando a los ex funcionarios con el estigma de la corrupción, puesto que se estaría conectando a estos despedidos con los hechos irregulares ocurridos con el Contrato YPFB-Catler-Uniservice y la intervención de la empresa.
Los alcances del poder de Santos Ramírez se ampliaron tanto en YPFB, que con los nuevos contratados formaron un sindicato paralelo al elegido por los trabajadores. Esos que recién ingresaron a la empresa exigen a Villegas “estabilidad laboral”. Sin embargo, esos funcionarios son los supernumerarios que por política fueron contratados.
Oposición pide derogar decretos de Morales, porque generan corrupción
Porque se autorizan contrataciones directas
El presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Ortiz (Podemos) envió este jueves, una carta al presidente Evo Morales, pidiéndole derogar los decretos supremos y fideicomisos, referidos a contrataciones directas por considerar que son a partir de estos instrumentos que se origina la corrupción en las instituciones Estatales.
En conferencia de prensa, Ortiz advirtió que buena parte de los hechos de corrupción en los que se ven involucrados altos funcionarios del Gobierno, se originan en normas (decretos) que permiten administrar los recursos económicos de manera discrecional y sin seguir las normas de fiscalización.
A manera de ejemplo el senador opositor refirió el Decreto Supremo 29287 del 26 de septiembre de 2007 por el cual “se autoriza a las empresas públicas nacionales estratégicas, la construcción de infraestructura productiva para sus procesos de producción en la modalidad de contratación directa”.
“Como éste decreto hay otros (decretos) que se convierten en un cheque en blanco para que las empresas procedan a realizar contrataciones de servicios d forma directa, vulnerando las normas de contratación de bienes y servicios. Bajo estas circunstancias no es de extrañar que existan casos de corrupción como en YPFB”, dijo.
El jueves 5 de enero la Comisión Multipartidaria, que investiga el escándalo de corrupción de la estatal YPFB que se destapó a raíz del asesinato y atraco del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, convocó a los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce y su colega de Economías y Finanzas Públicas, Luis Arce con el propósito de recabar información en torno a los contratos de fideicomisos del contrato de $us 45 millones y otro contrato por 86.35 millones dólares.
En ese contexto, la carta enviada al Jefe de Estado advierte que los decretos de fideicomisos y otros “está siendo manejado como gastos reservados para contrataciones sin licitaciones”.
En la carta Ortiz también sugiere la designación de autoridades titulares a cargo de las empresas y entidades públicas que administran los recursos del Estado, como el Banco Central de Bolivia, Contraloría General de la República, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Administradora Boliviana de Caminos (ABC) y otras entidades descentralizadas cuyas autoridades fueron designadas de forma interina.