Esta elección inédita, aparte de elegir a los nuevos magistrados, que es el elemento esencial del proceso, también implicará una pulseta política entre el MAS y los partidos de oposición.
La Razón
Debido a las campañas por el voto nulo y el voto válido, las elecciones judiciales, que se desarrollarán el 16 de octubre, se convertirán en una especie de medidor de la fuerza política entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición.
El principal auspiciador del voto nulo es el Movimiento Sin Miedo (MSM), que, liderado por Juan del Granado, intenta convertir en un plebiscito el proceso eleccionario, que elegirá a 56 autoridades judiciales de 116 candidatos en carrera.
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En el otro bando, el presidente Evo Morales —también líder del MAS— propicia el voto “válido” con el objetivo de que la cruzada garantice la participación ciudadana en las justas judiciales.
La diputada Marcela Revollo (MSM) considera que la campaña por el voto nulo se extenderá al área rural, mientras que el MAS sellará una alianza con los movimientos sociales para explicar las cualidades y el mecanismo del proceso eleccionario.
Polémica. El debate crítico entre oficialismo y oposición se generó en la preselección de candidatos a autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa.
Por un lado, la oposición denunció que la mayoría de los postulantes tiene presunta vinculación política con el MAS. El vicepresidente Álvaro García Linera descartó la acusación y afirmó que en la cúpula del MAS no conoce a los candidatos.
El analista político Marcelo Silva dice que, por la forma en cómo se gesta el proceso preelectoral, los comicios de octubre se convertirán en un acto de respaldo o rechazo al presidente Morales. “Aquí también se juega la oposición. Se verá si la oposición ha recuperado algo de convocatoria o sigue anclada en esa incapacidad de convocar al boliviano, y cada vez que lo convoca su efecto es contrario”.
En las elecciones judiciales estará prohibido que el candidato haga campañas electorales para obtener votación.
Otro motivo que levantó acusaciones entre el MAS y la oposición fue la ejecución del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, que prohibía a los medios de comunicación realizar entrevistas a los candidatos.
Este artículo fue modificado por sugerencia del Mandatario.
En la papeleta de sufragio se podrá contar hasta 4 votos nulos
Verde claro, ladrillo, violeta y ocre son los colores que identificarán a las franjas de los candidatos a cuatro instancias judiciales. Foto: Archivo Ángel Illanes
A diferencia de procesos electores políticos, la elección de autoridades judiciales tendrá características particulares como el hecho de que en cada papeleta se podrá contar hasta cuatro votos nulos, porque cada bloque de candidatos representa una especie de papeleta individual.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, explicó que si un ciudadano, por ejemplo, escribe Nulo en la papeleta y sólo abarca un bloque o dos, se anulará sólo el voto de esa área, mientras que el resto de las franjas podrá contarse como voto blanco, en caso de que no hubiera marcado ninguna casilla de votación.
“Si se escribe Nulo en la primera franja y emite un voto en la segunda, sólo el voto de la primera será contado como nulo, mientras que la segunda será válida y el resto se contabilizará como voto blanco”, explicó.
La papeleta de sufragio para las elecciones del 16 de octubre tendrá cuatro franjas o bloques, y cinco columnas. En el primer bloque estarán los candidatos al Tribunal Agroambiental, mientras que en el segundo, al Consejo de la Magistratura; en el tercero, al Tribunal Constitucional, y en el cuarto bloque, que se dividirá en dos columnas, estarán los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia.
Ovando explicó que la razón por la que no se puede anular la papeleta en su integridad, si ésta tuviera marcas o signos, es porque se trata de elegir candidatos a cuatro instituciones diferentes.
“Imagínese si se anulaba una papeleta por una palabra escrita o un signo marcado en un solo bloque, afectaría al resto de candidatos en caso de que tuvieran votos”, precisó la autoridad.
Los bolivianos elegirán a 56 autoridades de 116 candidatos seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sufragio. El elector podrá votar hasta por cinco candidatos, porque la franja de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia está dividida en dos columnas, una para varones y otra para mujeres.
El vocal del TSE, Ramiro Paredes, sostuvo que también será válida la emisión de uno, dos, tres, cuatro o cinco votos, es decir, si el ciudadano o ciudadana vota, por ejemplo, en una de las casillas del Tribunal Agroambiental, y no en las demás columnas, igual su voto será válido.
No obstante, las papeletas de sufragio con más de cinco votos serán anuladas, al igual que aquellas en las que se verifique que se apoyó a dos varones o a dos mujeres en el caso del Tribunal de Justicia.
La Constitución Política del Estado (CPE) establece la formación de las máximas instancias judiciales a través del voto ciudadano. A diferencia de las tradicionales elecciones, en la programada para octubre no se permiten las campañas a favor o en contra de los candidatos.
Los postulantes con mayor votación serán elegidos como titulares y suplentes. El que obtenga la mayor votación será titular, el segundo, suplente.
El TSE aprobó en julio el reglamento de elecciones judiciales cuyo artículo 71, referido a la forma de votación, reconoce tres formas: voto válido, voto en blanco y voto nulo.
La norma refiere que se declarará voto nulo en caso de que el elector realice marcas, signos o expresiones fuera de la casilla asignada a cada candidato o se utilice papeletas rotas, incompletas, con alteraciones en su impresión o distintas a las aprobadas por el TSE.
La norma también establece que los votos válidos son independientes por columna y franja. El voto blanco o nulo de cualquiera de las franjas no afectará al voto válido de las otras.
El presidente del TSE afirmó que quienes cuidarán de que no se generen dudas sobre el acto electoral de octubre serán los propios ciudadanos que emitan su voto, los jueces electorales, notarios y observadores, aunque estos últimos no tienen la potestad de elevar denuncias, explicó la autoridad electoral.
“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de hacer denuncias si observan algunas irregularidades”, sostuvo.
La papeleta para las elecciones judiciales, además de los colores, incorporará otros signos, como el Escudo Nacional en el extremo superior derecho y el logotipo del Órgano Electoral y Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el lado izquierdo.
Además, su dimensión será diferente a otras papeletas electorales. La del 16 de octubre medirá 46 x 86,5 centímetros.
Fiscalización. La Organización de Estados Americanos (OEA) desplazará 60 observadores a diferentes regiones del país, mientras que otras instituciones como Bolivia Transparente cumplirán similar misión.
La jornada de votación será de ocho horas. Una vez elegidas las autoridades, serán posesionadas en enero, con lo que se dará nacimiento efectivo a las renovadas instancias del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional del Estado.
Esta es la primera vez en la histori a de Bolivia que se elige a autoridades judiciales vía voto.
Será el nacimiento del Órgano Judicial
La Razón
Por primera vez, unos cinco millones de bolivianos podrán escoger el 16 de octubre, en una elección inédita, a las nuevas autoridades del Órgano Judicial entre 116 postulantes.
Dos jueces y dos fiscales de La Paz y El Alto fueron detenidos entre julio y agosto por corrupción. Ésta es quizás una muestra más de la poca credibilidad que goza la justicia en Bolivia, que el 16 de octubre asistirá por primera vez a la elección de nuevas autoridades para el Órgano Judicial.
Esa jornada, los cerca de 5 millones de bolivianos votantes, según datos extraoficiales, asistirán a las urnas para elegir por primera vez y mediante voto a los magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Tribunal Agroambiental (TA).
Mientras, el TCP es considerado como la institución que controla las decisiones de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso el Electoral, “el Tribunal Supremo de Justicia y el Agroambiental tienen competencias paralelas, pero es el TCP el que los revisa y fiscaliza”, explica Silvia Salame, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.
La corrupción, la impunidad y la retardación de justicia son algunos de los principales problemas que padece la justicia, los que se pretende eliminarlos con la elección de autoridades judiciales por parte del pueblo.
En medio de ese diagnóstico, el “caso Octubre”, de la muerte de 69 personas durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, resulta emblemático a ocho años de los sucesos, el 2003.
Otros se refieren a la misma administración de justicia. En los últimos meses, la Fiscalía de La Paz inició procesos por corrupción contra los jueces Percy Callejas y Jenny Prado y los fiscales Jhonny Borges y Erland Eid.
“Las próximas elecciones judiciales son muy importantes para que la administración de la justicia en el país cambie” en beneficio de los ciudadanos, resume Eddy Butrón, vicepresidente del Colegio de Abogados de La Paz.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que regirá las elecciones del 16 de octubre, recibió una lista de 118 candidatos, de los cuales dos renunciaron, que optarán por 56 cargos para las cuatro instituciones del Órgano Judicial Plurinacional: 18 para el Tribunal Supremo, 14 para el Tribunal Constitucional, 14 para el Tribunal Agroambiental y 10 para el Consejo de la Magistratura.
Tras el Tribunal Constitucional, ‘sólo está Dios’
En Alemania, es común oír que después de las decisiones que toma su Tribunal Constitucional, “sólo está Dios”. Así resume Silvia Salame, presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, la importancia en el país de esa institución del Órgano Judicial Plurinacional.
“Ésta es la máxima instancia de justicia a la que un ciudadano puede acudir”, explica la jurista, para quien una de las principales particularidades en la actual coyuntura ese tribunal puede dirimir un eventual caso de justicia comunitaria.
Algunas de las atribuciones del TCP son: conocer y resolver los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos y cartas orgánicas; conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público y la revisión de acciones de libertad, amparo constitucional y de protección de privacidad.
La máxima instancia de la Justicia Ordinaria es el TSJ
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es el máximo ente de la jurisdicción ordinaria.
“Todos los casos de apelación pueden acudir a este tribunal”, explica Eddy Butrón, vicepresidente del Colegio de Abogados de La Paz. El recurso de casación que tiene por objeto anular una sentencia judicial llega a esta instancia legal.
Una mala interpretación o aplicación de la ley o que haya sido dictada en un proceso que no cumplió las normas legales es atendida por el TSJ.
Una de sus características es que puede resolver los casos de extradición y, además, juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a la Presidenta o al Presidente del Estado, o a la Vicepresidenta o al Vicepresidente del Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, y además dirime conflictos de competencias entre tribunales departamentales.
El Consejo puede promover revocatoria de magistrados
Si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fiscaliza al Tribunal Supremo de Justicia y al Agroambiental, el Consejo de la Magistratura (CM) es la instancia que vela por el régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y las jurisdicciones especializadas.
“El Consejo de la Magistratura es el que administra los recursos económicos y humanos de los otros tribunales. Esta instancia designa y elige a los mandos subalternos”, explica la abogada paceña Audalia Zurita.
Entre algunas de las atribuciones del CM está el de promover la revocatoria de mandato de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley, y además puede ejercer el control disciplinario a vocales, jueces y personal auxiliar.
El TA anula los casos de acciones reales agrarias
El Tribunal Agroambiental (TA) resuelve los recursos de casación y nulidad en acciones reales agrarias, forestales, ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad.
Atiende los actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y otros sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales.
“Su campo de acción es el área rural y ve todo lo que son los títulos agrarios”, explica la abogada Audalia Zurita.
Otras de las atribuciones del TA son: conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales, conocer y resolver en única instancia los procesos contencioso administrativos que resulten de los contratos y negociaciones.