Carlos D. Mesa Gisbert*
¿Cree realmente la sociedad boliviana que hemos cambiado? ¿En qué? La percepción general es que sí, que Bolivia ha cambiado desde la asunción del presidente Morales en algo fundamental, la autoconciencia indígena, su salto definitivo a ser Protagonista con mayúsculas de la vida política, económica y social del país.
Cambió la percepción del “otro”. Se subvirtió la idea de quién es uno y quién es el otro, se logró –todavía en la superficie- la horizontalidad en la relación, se aceptó de manera explícita que las formas y el fondo cultural de cada comunidad en el país tienen valores que deben ser medidos con la vara del respeto y sin presunciones o prejuicios. Ningún pensamiento es, per se, superior a otro, ninguna manera de entender el mundo es, per se, más clara o lúcida que la otra. Este fue el final de un giro copernicano que la población percibió como algo consumado a partir de 2006.
Objetivamente se produjo un desplazamiento radical de las elites de poder político. El viejo sistema de partidos y sus representantes más importantes fue barrido del mapa. El Gobierno fue integrado a nivel de ministros y viceministros en número significativo por ciudadanas y ciudadanos de diferentes estratos sociales y diferentes orígenes étnicos.
La movilidad de la sociedad que se vivía de modo dinámico desde mucho antes se mostró mucho más intensamente y con menos complejos. Algunas personas dicen o perciben que incluso en las fiestas populares como el Carnaval de Oruro o el Gran Poder, que hace ya décadas tienen participación de las elites tradicionales, los bailarines de siempre tienen un espíritu de apropiación mayor que en el pasado. Esto demuestra que además de las transformaciones objetivas, se produjo un cambio mental tanto a más importante que el tangible. La sociedad boliviana, finalmente, aceptó el horizonte de la igualdad como algo necesario (y para algunos inevitable).
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El mérito de Morales y su Gobierno no estuvo tanto en hacer cambios reales que ya estaban en camino desde 1952, y del que él mismo es beneficiario, sino en tener la capacidad de representar ese proceso. Tomar la bandera de una reivindicación y convertirla en plenamente legítima. Por eso, la idea de un indígena en el mando de la nación logró tener una fuerza de vendaval. Fue la última vuelta de tuerca del desarrollo histórico al que nos referimos. Lo que ocurrió es que, por fin, se cerró una página y se abrió otra.
Ahora bien, la culminación de la igualdad en los hechos, la visibilización del mundo indígena y su posicionamiento definitivo en el centro de la sociedad deja varios asuntos aún pendientes. El más grave y profundo es el racismo, que plantea la paradoja de que a pesar de todo, en lo subterráneo estamos aún anclados. La construcción del racismo fue una tarea de zapa y de largo aliento, empezó en el periodo colonial y continuó ininterrumpidamente en la República y no ha cambiado en el “Estado Plurinacional”. La descalificación de este Gobierno por su origen étnico es todavía un elemento si no explícito, parte de los comentarios soterrados de muchos. Quizás la destrucción total del racismo sea una de las tareas más importantes que tiene que encarar la sociedad boliviana si quiere avanzar realmente sin ataduras. Se trata –eso sí- de un desafío de todos, del que el Gobierno no puede ser ajeno. El Presidente tiene que proponer un discurso inclusivo en el que se reconozca la pluralidad y que sea capaz de comprender que además de los 36 pueblos indígenas, el país tiene una gigantesca comunidad culturalmente mestiza, independientemente de su origen étnico. La idea de unidad no es un paradigma obsoleto como pretenden algunos intelectuales radicales y de pensamiento arcaizante.
En esa dirección, la lógica de los compartimentos estancos y de las “dos repúblicas” que la Constitución y los ideólogos de este proceso reproducen, no le hace ningún favor a la transformación de la sociedad. La debilidad básica del proyecto nacional de 2006 es –irónicamente- la repetición de la “República de indígenas y la república de españoles”, como espacios separados, que impuso Felipe II a partir de la acción lúcida y genial -desde la perspectiva de la metrópoli- que llevó a cabo Francisco de Toledo. Las debilidades de nuestra Constitución en ese contexto no pueden permanecer indefinidamente, y lo ideal sería que se encaren en el contexto de un Gobierno cuya legitimidad de origen estuvo precisamente en el discurso transformador.
El otro problema que se ha convertido en crónico y devastador es el de la visión de la mayoría de los ciudadanos sobre la ley. La idea de que la ley no se cumple, sino que se negocia está pudriéndonos hasta las raíces. A esa perversión de comportamiento ciudadano se suma la otra distorsión de patología política la suposición de que la acción de las calles debe ser permanente y, lo peor, que puede y debe suplantar a las instituciones representativas.
Los cambios que coronaron un largo, doloroso y heroico camino sufren serios déficits por falta de visión del Gobierno, por falta de respeto al otro de los ciudadanos, y por falta de un compromiso con la vida en común que el sentido de igualdad, la ley y las instituciones representan y deben imponer.
*Ex presidente de Bolivia
Página Siete – La Paz