Las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, no deliberan, pero sus reservas sí y cuando hay malestar al interior de la tropa son los militares en servicio pasivo los que salen a protestar. Para este viernes, en las plazas Abaroa de varios distritos del país, las reservas militares protestarán exigiendo una investigación imparcial a los hechos de Sacaba y Senkata, donde murieron 36 personas y cientos resultaron heridas por la acción conjunta de militares y policías.

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Ambos hechos fueron descritos como una masacre tanto por el oficialismo como por un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha vuelto al país a desarrollar una investigación más larga.

“No se busca impunidad, sino investigación imparcial”, aclara Jorge Santistevan, coronel en servicio pasivo y abogado, que hoy pasó por los micrófonos de Influyentes de EL DEBER Radio, para referirse a la detención del general Alfredo Cuéllar, primer militar detenido y procesado por los hechos de noviembre del año pasado.

El miércoles, el comando de las Fuerzas Armadas en pleno se declaró desconcertado por esta detención y procesamiento y a eso Santistevan le aumentó que debían sumarle una asistencia legal para el general procesado, ya que aún es parte de las Fuerzas Armadas.

A su modo de ver, la Fiscalía y el Comando de las FFAA deben establecer un protocolo para futuros procesos en contra de uniformados y cree que la justicia debe dejar de actuar “bajo consigna”.

Cree que el Ministerio Público ha fijado con esto una regla y que, ante la presencia policial o militar, cualquier muerte en represión equivale a asesinato. “Los administradores de justicia no entienden que es el Gobierno el que manda a las Fuerzas Armadas, ya sea a disuadir o a reprimir. ¿Cuál era la orden en el puente Huayllany? Desbloquear y no permitir el paso de los cocaleros en Chapare. Los policías y militares van a eso lugares con sus herramientas, sus uniformas, armas de disuasión y armas letales”, explicó.

En su opinión, es el Gobierno el que ha dado la orden de emplear a las Fuerzas Armadas y la Justicia debió prever que sean también los políticos los que sean puestos ante un juez para responder de sus actos, no solo los militares.

Por su parte, Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, consideró que es un contrasentido del Gobierno que haya una comisión de la CIDH en plena investigación de los hechos de Sacaba y Senkata, mientras ya se están produciendo detenciones y procesos.

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