Una investigación de Idea Internacional detectó que esas instituciones registran bajos índices de confianza, representatividad y desempeño. Se plantea redistribuir el poder y generar acuerdos y pactos.
Pablo Peralta M. / La Paz
Un estudio de Idea Internacional detecta que, en relación a la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la justicia y el Ministerio Público se aplazaron, dado que registran bajos índices de confianza, representatividad y de desempeño.
“Casi todas las instituciones del Estado se aplazan en los índices de confianza, de representatividad y de desempeño, salvo la Policía, las Fuerzas Armadas y también el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los tribunales electorales departamentales, que pasan raspando. El resto, desde el punto de vista de este estudio, está aplazado”, explicó a Página Siete Sergio Lea Plaza.
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Lea Plaza y Gustavo Bonifaz son los investigadores que realizaron el estudio Impactos, amenazas y oportunidades para la democracia boliviana a partir de la pandemia Covid-19. Ese trabajo identificó, entre otros resultados, “un cuadro de crisis de las instituciones estatales marcada por un bajo índice de desempeño”.
Se trata de un estudio de percepciones que se realizó a partir de una metodología mixta (cuantitativa y cualitativa). Para la investigación se aplicó una encuesta digital, se realizaron 26 entrevistas a expertos y 21 entrevistas a “tomadores de decisiones” y se organizaron 10 grupos virtuales de deliberación.
Respecto al cumplimiento de roles fundamentales de las instituciones del Estado con relación a la emergencia sanitaria, la investigación detecta que el Estado, el Ministerio Público, la ALP y el sistema judicial registran un bajo índice de desempeño, el cual está por debajo del promedio (2,21). En cambio, la Policía y las Fuerzas Armadas registran el mayor un índice (3,05) por encima del promedio, en lo hace al cumplimiento de sus funciones.
“Salvo las fuerzas del orden, que en criterio de los encuestados habrían cumplido medianamente su tarea de garantizar la seguridad durante la pandemia, las demás instituciones del Estado se aplazan ampliamente. Queda muy claro que para los encuestados el sistema judicial no garantiza un juicio justo a los bolivianos, que el Ministerio Público no actúa de forma independiente, que el Órgano Legislativo no ha cooperado con el Ejecutivo en la atención de la crisis, o que el Estado no ha garantizado recursos materiales suficientes para atender la emergencia sanitaria”, se lee en el estudio.
A la hora de hablar de confianza, la investigación detecta “un nivel muy bajo de confianza” en las instituciones del Estado y en las organizaciones políticas, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que registran índices que están por encima del promedio.
Según datos del estudio, el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones, los concejos municipales, las organizaciones políticas, las asambleas departamentales, la ALP, el Órgano Judicial y la Central Obrera Boliviana (COB) registran “un nivel muy bajo de confianza”, el cual se ubica por debajo del promedio (3,02).
Ministerio Público también es observado por encuestados.
En cambio, logran un puntaje por encima del promedio las ONG, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), empresas privadas, la Iglesia, los medios de comunicación, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), los medios digitales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las Fuerzas Armadas, la Policía y los tribunales electorales departamentales.
En términos de representación, el estudio detecta “un bajo nivel de representatividad” en las instituciones “a la hora de canalizar demandas respecto a la crisis sanitaria”.
Según la investigación, el gobierno, las alcaldías, las gobernaciones, las organizaciones políticas, los concejos municipales, las asambleas departamentales, la ALP y la COB, justamente los espacios más llamados a representar los intereses de la población, registran un índice de representatividad que está por debajo del promedio (3,99).
En cambio, las plataformas ciudadanas, ONG, asociaciones de pequeñas y medianas empresas, organizaciones indígenas, medios de comunicación virtuales, medios de comunicación tradicionales, las iglesias, las organizaciones territoriales de base y las cámaras empresariales registran puntajes que están por encima del promedio de representación.
“Pareciese que hay como una mirada hacia la sociedad civil, una especie de emergencia de lo ciudadano contra lo político, estatal, que carece de confianza, de representatividad, de gestión”, explica Lea Plaza.
Entre las opiniones de las entrevistas a expertos que se hace en el estudio están a las siguientes: que la pandemia desnudó y agudizó la crisis institucional boliviana, no la causó; y que la baja legitimidad y confianza, la falta de representatividad y el bajo desempeño de las instituciones del Estado y las organizaciones políticas tiene que ver con el proceso político de transición, pero también con constantes históricas en Bolivia.
Al respecto, Lea Plaza comentó a este rotativo: “Hay una insatisfacción con las instituciones de la democracia y las organizaciones políticas, pero creemos que de acuerdo a las entrevistas que hemos tenido, esa insatisfacción no es con la noción en general de la democracia en sí, sino a cómo se implementa la democracia”.
A partir del estudio, los investigadores plantean una serie de propuestas para mejorar la calidad de la democracia. Entre ellas está la de redistribuir el poder como fórmula para evitar autoritarismos. Otras propuestas son la de generar más participación ciudadana y la de lograr “acuerdos y pactos”, pero bajo una nueva fórmula diálogo nacional democrático.
“Es mayoritaria en las entrevistas la propuesta de restablecer los pactos políticos en Bolivia, para lograr gobernabilidad, enfrentar la polarización y viabilizar la gestión pública. Sin embargo, se plantea que el esquema de pactos debe quitar la centralidad que en el pasado adquirió el reparto de espacios de poder”, dice el informe del estudio.
También se plantea como una prioridad central transformar la justicia. “Lo que se plantea es de que no funciona la elección por voto popular de los magistrados, que hay que volver a la meritocracia y para ello hay dos caminos: uno es de cambiar la Constitución; o dos, mantener el mecanismo que establece la Constitución, pero estableciendo un sistema de preselección meritocrática que tenga mucha fuerza para la preselección en la ALP”, indicó Lea Plaza.