https://www.facebook.com/oscar.ortiz.antelo/videos/907062526782424
Fuente: Muro de Oscar Ortiz
En el nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, varios expertos analizaron los abusos contra el Estado de Derecho con las recientes detenciones de ex autoridades, las prioridades que deberán asumir los nuevos gobernadores y alcaldes, y las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 11 de abril en Perú.
Tres prioridades: salud, desarrollo económico local y gobernabilidad
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En la primera parte, Oscar Ortiz habló con Carlos Hugo Molina, conocido municipalista y directivo del CEPAD (Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible), quien lideró el equipo que implementó la Ley de Participación Popular.
Molina hizo una evaluación de los 27 de años de aplicación de esa norma, considerando que se logró “convertir habitantes en ciudadanos”, y también realizó un balance de las autonomías a nivel departamental, donde a su criterio “la capacidad legislativa de las Asambleas Departamentales no ha sido puesta a prueba aún”.
Respecto a las nuevas autoridades electas el pasado 7 de marzo, Molina opinó que deberán atender a tres prioridades: “resolver el tema salud, sin el cual no hay posibilidad de trabajar”, impulsar “el desarrollo económico local, la pequeña tienda, el comercio y el turismo”, y la “gobernabilidad, con la coordinación entre los tres niveles del Estado”.
El experto señaló que “no pueden haber ahijados especiales del gobierno central” y remarcó que en 256 municipios no hay hospitales de segundo nivel. Reclamó una “política pública de ciudades intermedias con nodos de servicios”, que tenga en cuenta la nueva realidad demográfica proyectada para el año 2032, donde el departamento de Santa Cruz concentraría al 50% de la población de Bolivia.
Perú: el modelo económico funciona, pero la corrupción afecta a la política
En el segundo segmento, Oscar Ortiz entrevistó a María Cecilia Villegas, experta en políticas públicas y desarrollo sostenible con maestrías en las universidades de Duke y John Hopkins, sobre el proceso electoral que se desarrolla en Perú.
Villegas comentó que existe una gran desconfianza y decepción de los peruanos hacia la clase política, que explica los bajos porcentajes de intención de voto de los distintos candidatos (12% para el primero y otros cuatro empatados en torno al 7%).
“Desde el 2000 todos han caído en procesos de corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski”, señaló.
Villegas destacó la estabilidad macroeconómica vivida en el vecino país en las últimas décadas, que permitió al modelo de mercado “reducir la pobreza del 54 al 21% entre el 2000 y el 2019”, pero advirtió que la alta corrupción estatal está afectando al sistema político.
“Se negoció la compra de vacunas sólo con Sinopharm, bloqueando a las otras compañías, y se compró solamente 1 millón, cuando Perú tiene 30 millones de habitantes”, subrayó, comentando el caso de vacunación VIP donde varios gobernantes “se vacunaron a espaldas de la población”.
Sobre los candidatos en pugna, María Cecilia Villegas alertó sobre la tendencia populista de quien encabeza las encuestas, Yonhy Lescano, y la inclinación “abiertamente de izquierda, cercana a Nicolás Maduro y a Evo Morales” de la postulante Verónika Mendoza.
Detenciones arbitrarias: precedente funesto para todos los bolivianos
En la tercera parte, Ortiz dialogó con William Herrera, prestigioso constitucionalista y defensor de los derechos humanos, sobre la detención de Jeanine Añez y de dos de sus ex ministros, caso que al decir del entrevistador “ha conmocionado a la sociedad boliviana”.
Herrera recordó que “ni a Luis García Meza se lo detuvo así” y enumeró los abusos contra el debido proceso cometidos en la detención de Añez: “se violó la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y al trato digno, y sobre todo se rompió la inviolabilidad del domicilio, que es sagrado”.
El jurista indicó que se vulneraron preceptos establecidos en la CPE y en los convenios internacionales de derechos humanos, por lo que estaríamos ante “una amenaza al Estado de Derecho que sienta un precedente funesto para cualquier otro caso, para todos los bolivianos”.
“Me hizo recuerdo al caso terrorismo, donde se actuó a altas horas de la noche”, señaló.
Herrera dijo que el caso “hace quedar muy mal a Bolivia” y descartó la acusación de golpe de Estado, opinando que en noviembre de 2019 se dio “un consentimiento de toda la institucionalidad, incluso del MAS desde la Asamblea Legislativa, del TCP y la Defensoría del Pueblo, reconocido por la Unión Europea y la OEA”.
El constitucionalista advirtió que quienes han promovido las detenciones arbitrarias pueden ser responsables ante tribunales internacionales y que “no van a estar toda la vida en el poder”.