Fuente: Mauricio Ochoa
Denuncias contra el Secretario General de la OEA por su presunta participación en el así llamado “golpe de Estado” de 2019; no presencia del Presidente, Luis Arce, en eventos donde se hallan misiones de la OEA; alineamiento del Grupo de Puebla y su lobby mediático contra el señor Luis Almagro y en respaldo de las versiones del gobierno boliviano. Todas estas acciones representan represalias, amedrentamientos, y cortinas de humo, frente a la falta de credibilidad internacional del expresidente Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, envuelto en una multiplicidad de ilícitos, entre los que se halla el por todos conocido, fraude electoral de 2019, irrespetuoso de la soberanía popular boliviana.
Se desea con lo anotado, además, revertir la situación de la palmaria impopularidad oficialista a nivel nacional y exterior, acudiendo – por la vía de sus representantes – al descrédito de la Organización de los Estados Americanos, mediante absurdos argumentos que solamente tienen cabida en el atrofiado ánimo de poder, ya sin límites, ya con desparpajo.
Para recordar, el 15 de marzo de 2021, mediante un comunicado hecho público, la Secretaría General de la OEA, consideró necesario: a) conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición; b) remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad; c) reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como – de considerarlo oportuno – la cooperación internacional, toda vez que la reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente; d) la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Ha transcurrido un tiempo suficiente desde aquél comunicado para que el Estado boliviano actúe en consonancia con sus responsabilidades nacionales e internacionales; sin embargo, esto no ha sido posible, en gran medida, debido a la nefasta criminalización de la organización internacional más importante a nivel regional. Conviene recordar que Bolivia es signatario de una gran cantidad de tratados multilaterales en el seno de la OEA, desde la década de 1940, que lo obligan como Estado y sujeto de derecho internacional público, al cumplimiento de sus compromisos asumidos.