Tensión. Se instaló ayer una sesión de los concejales, pero Freddy Soruco convocó otra con los suplentes. Hay denuncias de retiros de funcionarios. El catastro lleva al alcalde Percy Fernández a la justicia acusado de cinco delitos.
El Deber, Santa Cruz, Bolivia
Oncológico. Acudieron ocho ediles a la sesión de ayer y volverán a reunirse mañana en este nosocomio, a las 10:30, donde se les habilita un ambiente junto a la cocina.
Al menos seis memorándums de despido para funcionarios del Concejo Municipal fueron emitidos ayer desde la Alcaldía, denunciaron los concejales disidentes en la sesión que celebraron ayer en el hospital Oncológico, lo que aumenta el conflicto con el alcalde Percy Fernández.
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Antes de que los ocho ediles disidentes instalaran la reunión en el Oncológico, el concejal Freddy Soruco, del MAS-ASIP, dijo que en su calidad de presidente en ejercicio recibió un oficio del fiscal Freddy Pérez, en el que consta que dispuso medidas contra cinco concejales, entre ellas la prohibición de acudir al Concejo Municipal y de reunirse entre ellos durante 45 días, por lo tanto, hará conocer al juez y al fiscal la actuación de los concejales.
Debido a las restricciones en contra de cinco titulares, Soruco convocó para mañana a las 10:00 a los suplentes, a fin de debatir sobre la continuidad administrativa del Concejo, lo que, según él, significa elegir la nueva directiva o esperar los 45 días que ha impuesto el juez Juan José Zubieta para que vuelvan a sesionar.
La disposición de Soruco provocó la reacción del concejal Róger Labardens, suplente de la expresidenta suspendida Desirée Bravo, quien advirtió que acudirá al Concejo con un cerrajero y un notario para abrir su oficina, porque estaba ocupando, precisamente, la de la presidencia.
Desde el ejecutivo nadie se pronunció al respecto, pero el ambiente en el Concejo está ‘pesado’ por los despidos.
Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, indicó que sin una sentencia ejecutoriada, los concejales disidentes, acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, están habilitados para regresar a sus funciones después de un juicio.
"Con sentencia condenatoria ejecutoria, entonces amerita llevar otro proceso para la habilitación de los suplentes, pero cuando solamente es un proceso con resoluciones provisionales, que no hay sentencia, solo está con acusación, no va, porque esa autoridad puede retomar sus funciones después del juicio", remarcó Ovando.
Por su lado, muchos de los funcionarios que atienden a los concejales durante las sesiones ayer no acudieron. Ni siquiera estuvo el responsable administrativo, Édgar Paz, que había sido convocado para que informe sobre la situación del edificio, que estuvo cerrado por más de dos semanas.
El concejal Carlos Manuel Saavedra indicó que se han conocido seis memorándums de despido, lo que considera una traba para que desempeñen sus funciones.
Leonardo Roca lo consideró un atentado al trabajo y Óscar Vargas lo calificó como una masacre blanca.
Yanine Parada denunció que Danny Pereira, su secretaria, tiene más de 20 años en ejercicio en el Concejo, es una de las afectadas, al igual que su profesional de apoyo, Martha del Rosario Núñez, que también ingresó antes que ella.
Esperan la audiencia de apelación
Los concejales esperan que la próxima semana se realice la audiencia de apelación sobre las medidas cautelares impuestas por el juez Juan José Zubieta, que dictaminó la prohibición de reunirse entre ellos y de sesionar en el Concejo durante 45 días. El edil Óscar Vargas espera que se reestablezcan sus derechos y no se obstruya el trabajo en el organismo deliberante.
Mientras tanto, ayer ocho concejales acudieron a sesionar, entre ellos Enrique Landívar, Sibele Ortiz, Yanine Parada, Carlos Manuel Saavedra y Leonardo Roca, que tienen esta prohibición. Cuando alguno de ellos tenía que hacer uso de la palabra solo se dirigían al presidente Óscar Vargas y no mantuvieron conversación entre ellos. En la cita conformaron las comisiones, aprobaron una resolución en favor del Centro de Parálisis Cerebral y otros informes. También reformaron la comisión de Autonomías, que estaba a la cabeza de Óscar Vargas, y ahora pasó a la de Leonardo Roca, que estará acompañado por Saúl Ávalos y Enrique Landívar.
Respecto a la participación de los concejales que tienen restricciones, el fiscal Freddy Pérez, que lleva el caso, dijo que no actuará de oficio, pero presume que la parte denunciante, incluso el mismo juez, puede tomar medidas.
Al respecto, Roberto Capobianco, abogado de Desirée Bravo, denunciante, dijo que para evitar que se piense que quieren ver encarcelados a los ediles, dejarán que sea el juez que determine su situación, porque el concejal Freddy Soruco recibió una comunicación expresa de informar sobre lo que suceda en el Concejo.
En la sesión
– Participación. A pesar de que los masistas Saúl Ávalos, Freddy Soruco y José Quiroz no estuvieron en la sesión, fueron incorporados en comisiones que se conformaron.
– Comisiones. Quedaron conformadas de la siguiente manera: Constitución (Leonardo Roca, Arminda Velásquez y Enrique Landívar); Planificación, Obras Públicas y Servicios (Sibele Ortiz, Enrique Landívar y Arminda Velásquez); Administración y Finanzas (Yanine Parada, Leonardo Roca y Arminda Velásquez); Ética (Carlos Manuel Saavedra y Arminda Velásquez); Educación, Cultura,Turismo y Deportes (Carlos Manuel Saavedra, Yanine Parada y Freddy Soruco); Previsión Social y Salud (Saúl Ávalos, Óscar Vargas y Sibele Ortiz); Niñez, Adolescencia, Género y Asuntos Generacionales (Freddy Soruco, Sibele Ortiz y José Quiroz); y Defensa Ciudadana (Róger Labardens, Enrique Landívar y Carlos Manuel Saavedra).
El catastro lleva a Percy a la justicia
Crisis. El alcalde Percy Fernández es acusado de cinco delitos.
Disidentes. La abogada de los ediles, Mirna Arancibia, llegó al Ministerio Público para dejar otra demanda contra el alcalde
El Deber
El alcalde Percy Fernández fue acusado ayer ante la Fiscalía por incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y conducta antieconómica por intentar extender el contrato para la elaboración de un catastro a la empresa Odenal S.A., presidida por su asesor personal, Freddy Teodovich.
Esta es la segunda acusación en contra de Fernández que presentan los concejales disidentes del oficialismo en menos de dos días. El lunes lo denunciaron ante el Ministerio Público por falsificar los estados financieros de la comuna, y ayer por intentar favorecer a la empresa de Teodovich, ex secretario general nacional del MNR y exministro de Defensa en el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, que le cobra a la comuna Bs 110 millones.
El secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral de la Alcaldía, Cristian Sandóval, minimizó el proceso en contra del alcalde, aduciendo que el municipio no realizó ningún pago a dicha empresa porque no recibió el catastro.
La denuncia fue presentada ayer en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por el presidente electo del Concejo, Óscar Vargas, el secretario Carlos Manuel Saavedra y los ediles Leonardo Roca y Enrique Landívar.
Además de la denuncia ante la Fiscalía, los concejales solicitarán al Ministerio de Transparencia y a la Contraloría General del Estado que investiguen este caso.
A pesar de la denuncia de los concejales, Sandóval afirmó que no existía ninguna relación contractual del ahora asesor personal del burgomaestre con la empresa operadora SIO, encargada de la recaudación municipal hasta abril 2010.
Sin embargo, en los documentos que presentaron los concejales ante la Fiscalía, Teodovich figura como presidente de Odenal S.A. El funcionario municipal explicó que en el contrato 288/2003, que se firmó entre el entonces alcalde Roberto Fernández y SIO, se estableció dos tipo de trabajo.
El primero consistía en la elaboración del catastro y el otro estaba referido a las recaudaciones, de las cuales SIO cobraba un porcentaje.
El objetivo del plan de catastro encargado era realizar censo de las actividades económicas, verificar de qué tipo de material estaban construidas las casas y, de acuerdo con eso, plantear una valoración para establecer el monto del pago de tributos.
Los procesos y la pugna política
– Fiscalía. Carlos Candia, fiscal de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, es el responsable de investigar al menos tres denuncias que existen entre los concejales y el alcalde Percy Fernández.
– Cheques. El representante del Ministerio Público afirmó que fueron emitidos los requerimientos para que el ejecutivo municipal entregue documentación sobre los estados financieros de la comuna, que son puestos en duda por los concejales oficialistas.
– Gendarmería. El oficial mayor de Defensa Ciudadana, José Canudas, afirmó que por orden fiscal no puede hacer declaraciones a la prensa sobre el allanamiento que hubo el martes en su oficina. En ese caso se investiga la existencia de funcionarios ‘fantasmas’ que cobran sin trabajar.
– Ediles. Aún no hay fecha para la realización de la nueva audiencia para el caso por incumplimiento de deberes que enfrentan seis concejales disidentes y una masista. El caso radica ahora en el juzgado décimo, de Wilson Arévalos.
El sector transporte alista demanda penal
El sector de transporte público urbano alista una demanda penal en contra del alcalde Percy Fernández por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
El presidente del sindicato de Micros Santa Cruz, Mario Guerreo, anunció que la demanda será presentada en los próximos días en la Fiscalía de Distrito porque la municipalidad es permisiva con un sector de transporte, al permitir que en algunas zonas de la ciudad circulen los minibuses que prestan servicios por algunos barrios de la ciudad, pese a la existencia y plena vigencia de la ordenanza No. 008/93, que prohíbe la circulación de esos vehículos dentro del área urbana.
Según Guerrero, la prohibición se debe porque los motorizados representan un peligro para los usuarios y no brindaba las condiciones necesarias para los pasajeros.
“La Alcaldía nos obligó a retirar de circulación nuestra herramienta de trabajo, porque compramos los minibuses en más de $us 20.000 y ante la prohibición, tuvimos que venderlos a precios muy bajos”, dijo Guerrero, que también denunció que su gremio identificó al menos cuatro rutas, en la que son cubiertos por los minibuses.
De acuerdo con el representante de los transportistas sindicalizados, el recorrido que hacen esos motorizados, pese a la existencia de una ordenanza municipal, es desde la La Pampa de la Isla hacia el mercado Los Pozos; del kilómetro 6 al mercado La Ramada y desde el Plan 4.000 hacia al Abasto.
Cifras
6 Servicios prestó el operador SIO a la comuna cruceña. Entre ellos estaba la construcción del catastro urbano
71 Millones de Bs es la cifra propuesta por SIO para que en la gestión 2004-2005 el contratista haga esa inversión
82.2%. De recaudación por concepto de impuesto a la propiedad de vehículos en la gestión 2005