Por una ráfaga de tiempo se pensó que Luis Arce haría cumplir la Ley referida al transporte de carga de Arica-La Paz, al fin entró la cordura en la Administración y ante el poder de la fuerza bruta de los transportistas de larga distancia, se impone el mayor interés de la Nación. Esa vana ilusión desapareció cuando el transporte impuso su decisión. «La carga no pasará por el ferrocarril».
Y es que «la mafia» no ha cambiado, ni siquiera su estrategia de doblarle el codo al Estado. Como antes, hoy se imponen sus intereses en este caso el tratamiento que reciben ante el poder público. Tenemos que apelar a los ejemplos del pasado.
Cuando Hugo Banzer «reinaba» con toda la paraphernalia de un autoritarismo que nadie discutía, los transportistas de larga distancia lograron arrancarle al dictador «liberación de impuestos» para importar primero repuestos de sus vehículos, luego de llantas de rodaje, luego negociaron exención de gravámenes para importar su «herramienta de trabajo» eufemismo para designar compra de vehículos, con avales del Estado y financiados por la banca oficial.
En plena dictadura los transportistas se enorgullecían de haberse convertido en aliados del General Banzer y por tanto gozaron de privilegios y de un tratamiento muy especial.
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No resulta nada raro, que el Transporte Federado esté siempre pegado al poder de turno, el MNR, ADN, PRIN, UDC, MAS, siempre en la foto con VPE, HSZ, JPZ, JJT, AOC, RBO, GSL, EMA, y siempre para conseguir beneficios y trato preferencial. ¿Por qué?
Los dirigentes del Transporte utilizan su capacidad de presión organizando bloqueos de carretera, paralizando el transporte, logrando adhesiones a fuerza de chicotazos, expulsando del gremio a los rebeldes. Así con recursos mafiosos, copiados de otras latitudes incluyendo los EEUU, este conglomerado ha impuesto sus reglas, en este caso desplazar «de un plumazo al tren Arica La Paz», al margen del costo operacional, el beneficio para la economía, los acuerdos internacionales. El mayor interés colectivo. Nada importa, ningún otro criterio que la decisión del grupo mafioso.
Más pronto que tarde, conoceremos el fallo de los tribunales arbitrarios que regulan negocios entre estados. ¿Se acuerdan del avión de AMIA caído en Perú? La Procuraduría alista los millones de dólares que el Estado tendrá que desembolsar por incumplimiento de las normas y la pérdida de vidas humanas. El caso del Ferrocarril Arica – La Paz, (Empresa vendida a Chile) resultará la damnificada y curiosamente la mayor beneficiada, el Estado el millonario perdedor.
Mientras tanto el grupo mafioso goza de buena salud y disfruta del monopolio del transporte de carga tras haber impuesto sus condiciones.