“Vengo del futuro a contarles lo que va a ocurrir en Bolivia, y sabemos lo que va a ocurrir porque eso mismo pasó en Ecuador”.
Gobiernos acosan medios alegando democratización
Seminario. En un evento organizado por Los Tiempos y la Fundación Konrad Adenauer, panelistas de Argentina, Ecuador y Bolivia analizaron la relación de los medios de América Latina con sus gobiernos.
El seminario sobre acceso a la información pública organizado en ocasión de los 70 años de fundación del diario Los Tiempos, ayer en el Hotel Cochabamba. – José Rocha Los Tiempos
LOS TIEMPOS, Cochabamba, Bolivia.- “Vengo del futuro a contarles lo que va a ocurrir en Bolivia, y sabemos lo que va a ocurrir porque eso mismo pasó en Ecuador”.
La sentencia fue expresada por Leonardo Sempértegui, abogado privado de varios medios de comunicación privados ecuatorianos, al comenzar su disertación durante el seminario “Acceso a la información, regulación, justicia y medios de comunicación”, realizado ayer en el hotel Cochabamba en ocasión de los 70 años del diario Los Tiempos.
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¿El panorama? Una situación en la que un Gobierno al que se le ha delegado bastante poder toma control de los medios de comunicación a título de “democratización”, monopolizando la información, restringiendo al mínimo la libertad de expresión y sometiendo a persecución política a todos los medios y periodistas que cuestionen su administración gubernamental.
Este fue el tema que despertó mayor alerta entre los asistentes al seminario por el diario Los Tiempos (en ocasión de sus 70 años de vida), con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).
En el evento, además de panelistas de Bolivia, tomaron parte expositores de Ecuador y Argentina, dos países latinoamericanos que durante los últimos años hicieron noticia por la pulseta entre sus gobiernos y los medios de comunicación. Por parte de Argentina, expuso Ramiro Álvarez Ugarte, representante de la Asociación de Derechos Civiles de ese país. También participaron Antonio Vargas, presidente de la APLP, y Gloria Martínez, miembro de esta misma entidad. Hicieron de moderadores, Iván Velásquez, representante de la Fundación Konrad Adenauer, y Juan Cristóbal Soruco, director de Los Tiempos.
Sempértegui hizo una retrospectiva de su país desde la asunción de Correa al poder, su acopio de popularidad, la reforma constitucional en 2008 y, una vez lograda la mayoría absoluta en el Legislativo, la aprobación de la nueva ley de medios en 2013, una normativa llena de discurso de la democratización de la información y el fortalecimiento de los medios de comunicación públicos, pero que, de forma paralela, restringe espacios a los medios privados.
Uno de los mecanismos de la ley ecuatoriana, explicó Sempértegui, es, por ejemplo, la distribución del espectro radiofónico entre partes casi iguales, reservando un tercio para los medios del Estado, otro tercio para los medios llamados “alternativos” (que en los hechos son afines al gobierno) y el último tercio para los medios privados y que podrían tener una posición distinta a la del Gobierno. Este reducido espacio no alcanzará para todos. ¿Quiénes se verán afectados? “Naturalmente aquellos que no comulguen con la línea del Gobierno”, añadió Sempértegui
De hecho, el presidente de la República tiene la potestad de suspender la licencia de medios.
También está la figura del “linchamiento mediático”, que es cuando una persona o entidad denuncia a un medio o conjunto de medios de haber confabulado para mellar su dignidad. “Por todo ello, mi posición es que se trata de una democracia participativa en exceso”, concluyó Sempértegui, mientras los asistentes preguntaban cuál podría ser el futuro de Bolivia en ese sentido, considerando que ya se dieron algunos pasos en el país contra la libertad de expresión, con la Ley de Propiedad de Medios y la Ley de Lucha contra el Racismo, además del juicio a tres medios de comunicación. También surgió la pregunta de cómo evitar el rumbo de Ecuador.
“Si supiéramos la respuesta, ya la habríamos aplicado”, respondió Sempértegui, quien, sin embargo, expuso que el origen es claro: exceso de poder por parte del Gobierno y una campaña contra todo medio que cuestione su administración.
A la situación, varios asistentes debatieron sobre qué es lo que ocurre en varios países de América Latina en los que los antiguos partidos políticos quedaron desacreditados y se confiere tanto poder a nuevos gobiernos populistas, mientras que el director de Los Tiempos añadió a la reflexión, qué rol jugaron los medios de comunicación en estos países donde los gobernantes ganan tanto poder aún a costa de tener en contra a los medios.
Vacíos en Argentina
El director de la Asociación de Derechos Civiles (ADC) de Argentina, Ramiro Alvarez, dijo, a su turno, que su país ya cuenta con un decreto de Acceso a la Información Pública desde hace 10 años, una norma que en su tiempo se la creyó “un avance considerable”, pero que en los hechos, dejó mucho que desear debido a la existencia de vacíos en el texto. “Hablar del derecho a la información (en Argentina) es hablar en cierto modo de un fracaso”, dijo Álvarez a tiempo de comparar la legislación de su país con lo logrado por otras naciones, como México y Chile.
“La mayoría de las instituciones que trabajamos en el tema del acceso a la información hemos llegado a la conclusión de que el decreto no es suficiente”, explicó detallando la normativa de 2003 es poco ambiciosa, presenta muchos vacíos sobre los mecanismos para hacer cumplir los derechos, el tipo de información que deben proporcionar las entidades públicas y las instituciones encargadas de ejercer este control del cumplimiento de estos derechos. Así en la mayoría de los casos, el cumplimiento de esta norma dependió de la buena voluntad de los funcionarios públicos.
Consultado por el público si consideraba que el Gobierno argentino no promueve una ley más amplia debido a que tiene muchas cosas que esconder, Álvarez respondió que sí.
LAS POSICIONES DE LOS PANELISTAS
Leonardo Sempértegui, Abogado Ecuador
“En Ecuador, la historia de la regulación a los medios de comunicación ya la vivimos completa. Nuestro país ha pasado un proceso importante en el que poco a poco se ha ido consolidando el poder a través de canales denominados de democracia participativa. En sí la ley no es mala, tiene muchos puntos interesantes, pero también tiene cosas terribles, como la restricción del sistema radioeléctrico, poder del presidente para revocar licencias y una figura extraña: el linchamiento mediático. Son figuras preocupantes porque no son aplicables. ¿Cómo se puede decir qué es un linchamiento y qué no?”.
Ramiro Álvarez, Director ADC, Argentina
“En Argentina, nuestra experiencia de 10 años (desde la aprobación del decreto de Acceso a la Información Pública en 2003), que el texto de la ley es sólo el primer paso. La implementación es un proceso largo y complejo, donde hay que establecer estructuras de responsabilidades y procedimientos. Es imprescindible concentrar el trabajo en la etapa de la implementación.
A futuro tenemos que lograr una sanción de la ley, estamos esperando una oportunidad política para ello”.
Antonio Vargas, Presidente de APLP.
“El secreto de imprenta es un derecho y un deber cuando se impone el derecho a la información de interés colectivo. El secreto de imprenta y la cláusula de conciencia constituyen un presupuesto básico para el ejercicio efectivo del derecho a la información en un Estado democrático. No cabe duda de que los periodistas son los titulares principales, pero no los únicos. En el proceso de producción informativa, la libertad de los mensajes y la libertad de su flujo son el basamento de toda democracia”.
Gloria Martinez, APLP.
“Este año se crea la ley 341 de participación y de control social, mecanismos con los que el gobierno quiere demostrar que ha atendido a las expectativas de las poblaciones, que es una respuesta a las necesidades de las organizaciones sociales y que se ha recogido sus anhelos. Sin embargo, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas y el control social son ámbitos con los que aún no se sienten familiarizadas las personas en el país y que debería merecer un tratamiento peculiar”.