Luego que el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunciara sanciones con penas de cárcel para los jueces y fiscales que incurran en retardación de justicia, el diputado por Santa Cruz, Carlos Subirana, informó que le remitirá el proyecto de ley modificatorio de los artículos 133 y 177 de los códigos de Procedimiento Penal y del Código Penal, respectivamente, para que sea considerado por el Legislativo, toda vez que tiene el objetivo de castigar a los verdaderos responsables del problema de retardación de Justicia, como son jueces, fiscales y secretarios del Ministerio Público.
García anunció que el gobierno incorporará en la normativa penal la pena de cárcel para los jueces y fiscales que demoren entre tres a seis meses en la resolución de casos penales; ante lo cual, Subirana recordó que el pasado 11 de septiembre presentó un Proyecto de Ley que va en ese sentido, de sancionar a las autoridades judiciales del Ministerio Público que incurran en esa figura, previa auditoría jurídica.
Subirana explicó que el proyecto de ley busca demarcar con claridad y castigar “al responsable de la negligencia que ocasionó el retardo en la aplicación de justicia, para que sea sancionado, previo un proceso de auditoría jurídica, y sea suspendido inmediatamente de sus funciones para ser procesado y sancionado por retardo de justicia”.
En esa misma línea, García Linera dijo que si “en tres o seis meses no acaba la sentencia, el Juez entra a la cárcel o el fiscal entra a la cárcel por incumplir su labor”.
Al respecto, el también Tercer Secretario de la Cámara de Diputados recordó que el decreto de Indulto y de Amnistía, aprobado por la Asamblea Legislativa, no es una medida estructural al problema de la retardación de justicia, convirtiéndose en coyuntural como resultado de lo sucedido en la cárcel de Palmasola donde murieron 35 reos, una mayoría sin sentencia ejecutoriada; por lo que se hace necesario castigar a los verdaderos responsables.
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“El hacinamiento carcelario, es consecuencia de la retardación de justicia en el que incurren jueces, fiscales, secretarios y otros funcionarios del Ministerio Público… que tiene a un negligente como responsable y que debe ser sancionado previa auditoria jurídica. A veces el responsable es el juez, a veces es el fiscal, el secretario o incluso el notificador, por lo que debe determinarse e identificar al responsable negligente y sancionarlo”, resaltó Subirana.
García Linera, de manera coincidente señaló también que el Órgano Judicial es el único que no tuvo un saneamiento interno lo que derivó en la presencia de la retardación de justicia y casos de prevaricato y desobediencia judicial.