El sistema judicial imperante en la Bolivia evista ya no sólo es objeto de serios cuestionamientos por parte de la oposición o de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional. Ahora, es la representación diplomática de Europa en La Paz la que pone el dedo en la llaga sobre uno de los aspectos más preocupantes de la degradación institucional que vive el país.
El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Tim Torlot, a tiempo de anunciar los recursos económicos con los que ese organismo coadyuvará al fortalecimiento del sistema judicial, indicó cinco debilidades estructurales en la administración de justicia actual.
Influencia del poder político, falta de independencia del Órgano Judicial, corrupción, demoras en los procesos y falta de acceso a la justicia en el área rural son los puntos cuestionados por la UE, coincidentemente con lo que viene siendo denunciado por la prensa nacional en los últimos años.
Torlot también se mostró preocupado por el alto índice de muertes que se registran en el país bajo el pretexto de la justicia comunitaria.
Lo cierto es que el diagnóstico europeo viene a confirmar que el Órgano Judicial ha sido instrumentalizado por el gobierno de Evo Morales como una suerte de maquinaria persecutoria; que la independencia de poderes, principio republicano fundamental para la definición de un sistema democrático, se ha eclipsado durante el mal llamado “proceso de cambio”; y que la corrupción campea entre los operadores de (in)justicia.
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La dependencia del sistema judicial respecto al gobierno es cosa incluso confesa por el presidente Morales, quien se ufanó de haber “intercedido” para la liberación de los hinchas del Corinthians presos en Oruro.
La curva creciente de los linchamientos tampoco escapa a la responsabilidad gubernamental, dado el uso irresponsable y laxo por parte del oficialismo del concepto de justicia comunitaria, así como el hecho de que gran parte de esas salvajes ejecuciones ilegales se lleven a cabo impunemente en el bastión presidencial del Chapare…