Bolivia. No quieren saber de otra cosa que no sea la producción de la hoja de coca. Los campesinos de la comunidad de Miraflores —en Apolo, al norte de La Paz— rechazan la oferta gubernamental de cultivar productos alternativos, como los cítricos y las hortalizas. Cerraron filas bajo dos excusas: que el terreno no es apto para sembrar otros productos y que el precio de la coca es superior a los demás. Al frente, el Gobierno ve intereses oscuros y señala que la coca de Miraflores va directamente al mercado ilegal.
El Gobierno envió más efectivos y ha decidido dar fin a los que se considera que son cultivos ilegales de coca
EL DEBER, La Paz.
María Estrada llora impotente mientras observa a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) erradicar la coca de su parcela en Miraflores. No opuso resistencia y ahora se niega a cultivar otros productos. “Tiene que ser coca sí o sí”, remata, porque le da más dinero, asegura y niega que esta vaya al mercado ilegal del narcotráfico.
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Lía Pachi abraza a sus tres niños. No ve futuro para ellos. “Sin ingresos cómo criaré a mis hijos”, lamenta. Se niega a cultivar otros productos mientras explica que al mes la coca le da un ingreso de 1.000 bolivianos. “Otros (productos) no dan esa plata, es menos”, afirma.
El dirigente de la Asociación de Productores de Coca de Yungas de La Paz (Adepcoca), Alejandro Huanca, explica que la coca de Miraflores no está registrada para la venta legal, por lo que su destino final está en duda. “Ellos no están afiliados, dicen ser productores tradicionales y tampoco son parte del sistema biométrico”, dice.
Sin embargo, el dirigente cocalero de la zona Víctor Machaca afirma que su coca llega al mercado de Villa Fátima, en La Paz. Concretamente se vende en el galpón Trinidad Pampa, asegura.
El profesor de Miraflores, René Cuqui, detalla que cada familia, de las 36 que viven en esa zona, vende de dos a tres paquetes en el mercado de Villa Fátima. “No hay un destino ilegal, esa es su única forma de supervivencia”, aclara.
La propuesta del Gobierno
El viceministro de la Coca, Gumercindo Pucho, no entiende por qué los vecinos de Miraflores se oponen a cultivar otros productos. “Les ofrecimos dinero para que vean otras alternativas, pero se niegan y solo quieren cultivar coca”, dice.
La autoridad acota que el Gobierno y a la Unión Europea, ofrecen créditos para la producción alternativa. El plan, dice, funcionó en Chapare y en los Yungas de La Paz. Ahora, el viceministro afirma que también se pueden ejecutar proyectos de crianza de animales. Apolo tiene como principal actividad económica la ganadería vacuna.
En Miraflores viven 36 familias. En la actualidad el pueblo está habitado sólo por mujeres, niños y ancianos, porque los hombres fueron detenidos o están escondidos. En esta zona se realizó una emboscada el sábado, lo que produjo la muerte de tres uniformados y un médico.
Leandro Tuluí, un anciano de 72 años, critica que el Gobierno haya utilizado la coca como un símbolo político. Él se siente “traicionado” y adelanta que ya no respaldará a Evo Morales en las elecciones. Lo mismo piensan los demás pobladores. “No seremos muchos, pero el Presidente nos está matando dejándonos sin coca”, lamenta el anciano.
“Yo amo a mi Gobierno, he votado por el Evo, pero ¿que nos haga esto, de esta forma? No sé qué ha pasado", llora la pobladora Cristina Pachi.
División cocalera
En Apolo existen dos bandos cocaleros que están en disputa a raíz de que uno de ellos se opone al registro biométrico de productores de coca y a los proyectos alternativos. El capitán grande de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (Cipla), Leonardo Sumpero, detalla que su sector congrega 21 comunidades, de las cuales 13 están afiliadas a la regional cocalera de La Paz. Este bando también optó por ejecutar planes de desarrollo alternativo, en cambio, el de los campesinos rechaza estos proyectos.
El incidente que vivió Miraflores es el primero que se desarrolla en los siete años de Gobierno de Morales. El mandatario siempre se alabó porque en su gestión no hubo muertos en los operativos de erradicación de coca. Sin embargo, los cuatro decesos producidos hace una semana complican al Gobierno y a la posibilidad de buscar soluciones concertadas con este sector social