Carlos Herrera*
La idea de la participación popular en las decisiones políticas nos viene de la Grecia antigua. Fue en uno de aquellos Estados griegos (Atenas) donde germinó la idea política que hoy conocemos como democracia, es decir, un régimen de gobierno que contempla la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. Allí se perfiló también la idea de la “representación política”, porque los atenienses elegían en asambleas públicas, no solo a las autoridades encargadas de la administración, la milicia y los tribunales, sino también a un Consejo, algo así como un parlamento con la competencia de elaborar leyes y de vigilar a las autoridades.
Fijémonos bien en este punto, porque revela que los griegos ya entendían que la figura de la representación es consubstancial a la democracia. Es decir, que aunque practicaban una democracia directa (porque las decisiones políticas se adoptaban en asambleas abiertas a los ciudadanos) también pusieron en práctica la idea de la “representación política”, ya que el mismo Consejo (de quinientos individuos) resultaba de una elección realizada en las tribus que formaban el Estado ateniense.
Ahora bien, ¿qué implica la idea de “representación política”? Quiere decir que algunas personas pueden, como resultado de una elección pública y un acuerdo social que valida tal elección, ser revestidos de una autoridad que les permite tomar decisiones políticas en nombre de la sociedad. ¿En qué razón se funda esta idea? Pues en la lógica más elemental, ya que es imposible que se puedan tomar decisiones políticas en reuniones abiertas, como ocurría en la Grecia antigua, cuando las sociedades tienen millones de personas.
La idea de la representación es entonces sinónimo de democracia moderna, porque hace posible que la voluntad de millones de individuos cobre vida en actos y políticas concretas.
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¿Qué pasa en una democracia cuando se devalúa este principio? Sobreviene de inmediato el fenómeno de la corporativización de la democracia.
¿Qué significa eso? Quiere decir que las normas y los procedimientos democráticos dejan de tener relevancia porque son sustituidas por la voluntad de los grupos sociales con más poder y fuerza. Es decir, que poco importa que haya normas o autoridades elegidas, lo que se impone por encima de ellas es únicamente la voluntad de los más fuertes. O lo que es lo mismo, de pronto el Poder Político no responde ya a los intereses de los ciudadanos ni a la legalidad democrática, sino a los intereses de los gremios sociales (militares, sindicatos, burocracia estatal, gremiales, etc.) que imponen a palos su voluntad a todo el espectro social.
Tal fenómeno es también consecuencia directa del error de devaluar otro importante principio democrático: el “principio de autoridad”, creyendo que es legítimo sacar y poner autoridades a capricho, porque así se fractura el sistema democrático en un aspecto esencial. El sustento racional del “principio de autoridad” se funda en la lógica de que siendo imprescindible en cualquier sociedad que alguien tome las decisiones de carácter político (municipales, tributarias, políticas, administrativas etc.) es condición sine qua non para la estabilidad de la misma que tal principio sea un asunto asumido seriamente.
Es decir, que aquel dictado de la razón que nos señala la imposibilidad de que todos participen directamente en la adopción de las decisiones políticas, supone también la aceptación de la legitimidad de las decisiones que aquellas autoridades adoptan, bajo el supuesto de que son directos y legítimos representantes sociales. Buenas o malas esas decisiones es otro asunto, pero así es como funciona una verdadera democracia, mediante la práctica de la “representación política” y el respeto al “principio de autoridad”.
Una democracia corporativizada en cambio es un fenómeno político que todo lo subordina a abstracciones como la del “derecho popular" o "derecho colectivo”, unas puras argucias verbales que sólo sirven para desvirtuar los contenidos y las formas democráticas. Y ése es precisamente el problema, porque entonces deja de importar la legalidad constitucional y se impone -como norma social- la pura fuerza corporativa.
Ya no importa entonces el derecho individual (las leyes democráticas) sino la voluntad y el capricho de los gremios y las corporaciones. Ahí es cuando una mayoría de la sociedad queda en la orfandad política más grande, porque lo único que ampara al ciudadano corriente son las normas constitucionales propias de un régimen republicano y democrático. Todo lo cual deviene en un aumento del poder del Estado, que se convierte en la corporación más grande y poderosa, y que además no tiene reparo en arrogarse cínicamente la representación de los intereses de la “sociedad”, con lo que el caldo de cultivo para el autoritarismo está servido.
Se equivocan entonces los que se prestan al juego de menoscabar el principio de autoridad democrática; esto es, prestarse al juego de devaluar las decisiones ediles, desacreditar a la judicatura, defenestrar autoridades de buenas a primeras o desacreditar el sistema de partidos, porque así no hay más que un perdedor, el ciudadano común y corriente, que por lo general no es miembro de ninguna cofradía gremial, sino un simple trabajador que se busca la vida con esfuerzo y en absoluta soledad y desamparo.
Otra consecuencia nefasta del fenómeno de la corporativización de la democracia es que transforma la política en una guerra por conseguir mayores privilegios sectoriales y no lo que en cualquier lugar civilizado es, una técnica para la negociación y la transferencia pacífica del poder. Y de ahí también el fenómeno de la ineficiencia y la corrupción en los poderes públicos, porque si no importa ya la racionalidad ni las formas democráticas, tampoco importa la idoneidad de las autoridades. Y no es así como un país crece y se desarrolla, porque la idea de la representación democrática se sustenta también en la necesidad de que sea a los más aptos y a los mejor formados a los que se delegue el poder de transformar las cosas para bien.
Ahí además la razón de fondo que les dio vida y vigencia los partidos políticos modernos, servir de plataforma a los mejores hombres para el servicio social, en consonancia con la idea de la especialización y división del trabajo del capitalismo moderno, que tanto bienestar y riqueza ha traído a algunos países en el último siglo.
*Abogado