Desde Concabol señalaron que este retraso repercute en la labor productiva y los cañeros deben buscar recursos por otro lado para no dejar de trabajar, por lo que esperan una respuesta de la petrolera estatal
[Foto referencial] / El etanol que se destina a YPFB se produce a partir de la caña
Fuente: Unitel
Según el presidente de la Confederación Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), Óscar Alberto Arnez, el Estado adeuda al sector un total $us 10 millones por provisión de etanol que es entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Son alrededor de $us 10 millones que están en mora”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural y dijo que se espera que se abonen los recursos para que la actividad sectorial no se vea afectada.
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Arnez también sostuvo que hasta la semana pasada la deuda estaba en torno a los $us 25 millones, pero el sábado 17 nuevamente se activó la mora y expresó que estos afecta a los productores. “Es como no te paguen el sueldo de un mes”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la Unión de Cañeros Unagro (UCU), Beltrán Flores Zurita, manifestó están a la espera de los pagos de las cuotas pendientes, ya que esos recursos se requieren para comprar insumos, pagar sueldos y mantenimiento de equipos.
“YPFB, que vende urea, no nos da a crédito; pagamos al contado. Los repuestos de nuestros tractores, de nuestras otras maquinarias, las cosechadoras, de las cargadoras, todo lo compramos al contado, no hay nada a crédito”, señaló Flores.
El ejecutivo también lamentó las fallas en la provisión de diésel para la labor cañera que está en plena zafra y advirtió que esto puede incidir en la producción de etanol que se debe entregar a la petrolera estatal.
UNITEL y Canal Rural elevaron una consulta al área de Comunicación de YPFB para conocer su descargo respecto a esta denuncia, pero hasta el cierre de la presente nota (15:00) no hubo una respuesta.
No es la primera vez que el sector denuncia los retrasos en los pagos, situación que incluso derivó en protestas que fueron atendidas por las autoridades y obligaron a firmar compromisos.