El ministro Lima afirma que el referéndum planteado por el Presidente es de consulta ciudadana y que sus resultados deben ser vinculantes y deben ser aplicados por las entidades recurridas como la Asamblea Legislativa.
eju.tv / Video: Bolivia TV
Juan Carlos Véliz / La Paz
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó anoche que el referéndum planteado por el presidente Luis Arce no pretende la modificación parcial de la Constitución Política del Estado.
«Hay que descartar en este momento la posibilidad de reforma constitucional, no le estamos planteando al país un referéndum de reforma constitucional con la cual toda la crítica de diferentes actores hay que desecharla: No estamos yendo por la vía de una reforma constitucional», explicó el funcionario en una entrevista con la estatal Bolivia TV.
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El presidente Luis Arce envió ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las preguntas que pretende realizar en el referendo que podría realizarse el 1 de diciembre de este año, el mismo día en que se realizarán las elecciones judiciales. Éstas tienen que ver con la reelección presidencial discontinua, aumento de diputados y subvención de los carburantes.
«El referéndum es una forma de democracia directa que se regula por el artículo 2 de la Ley 026 (…), es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa por el cual las ciudadanas y los ciudadanos mediante sufragio universal deciden sobre normas, políticas o asuntos de interés público, más claro agua», parafraseó Lima.
La autoridad justificó la atribución del presidente Luis Arce de convocar a una referendo mediante un decreto supremo sin recurrir a la Asamblea Legislativa, donde no tiene mayoría parlamentaria.
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«Estamos planteando otro modelo de referéndum, estamos planteando un referéndum de consulta del Presidente del Estado que está permitido por la ley para que se ejerza democracia directa en asuntos de interés público, son cosas diferentes», explicó.
No obstante, los resultados del proceso electoral serán de aplicación inmediata y vinculante, es decir que las entidades recurridas como la Asamblea Legislativa tendrá que cumplir con la opinión de la mayoría.
