Fuente: Brújula Digital
El Viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que Evo Morales ya fue notificado con la resolución judicial de la Acción Popular que le prohíbe realizar cualquier movilización o bloqueo de caminos. Aseguró que, a través de la Policía , se precautelará la seguridad y se garantizará la libre transitabilidad de la ciudadanía en todo el territorio. Además, hizo un llamado a los grupos «evistas» para que reconsideren su marcha programada para la próxima semana.
«Como Policía Boliviana, ya se emitieron las instrucciones correspondientes para garantizar la libre circulación en nuestro país. Debemos asegurar los derechos de la población, como el derecho a la salud y al trabajo», señaló Ríos.
El viceministro también advirtió sobre las consecuencias de este tipo de medidas. “Lamentablemente, esta marcha afecta nuestra economía, el turismo y todas las acciones que estamos llevando a cabo en la lucha contra los incendios. Atenta directamente contra nuestros hermanos que trabajan día a día para subsistir”.
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Ríos calificó la convocatoria de Morales como un acto con motivaciones personales. “Esta marcha, convocada por Evo Morales, contraviene el sentido de las movilizaciones históricas que reclamaban el cumplimiento de derechos y reivindicaciones sociales. Ahora, lamentablemente, tiene un objetivo personal: que Morales vuelva a la silla presidencial”.
«Es importante mencionar que la Acción Popular, presentada ante una autoridad competente, prohíbe la realización de la marcha de Morales», agregó. La medida judicial fue emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el pasado 16 de febrero. Esta prohíbe a Morales y a sus organizaciones sociales, como los Ponchos Rojos, realizar bloqueos de carreteras, en respuesta a los 16 días de bloqueo ejecutados por el ala «evista» del MAS a inicios de este año, en demanda de elecciones judiciales.
A pesar de la resolución, Morales anunció una marcha desde Caracollo hasta La Paz el próximo 17 de septiembre, en rechazo al referéndum propuesto por el Gobierno y en “defensa de la vida y la democracia”. Paralelamente, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, liderada por David Mamani Quispe, convocó a un bloqueo general de caminos a partir del 16 de septiembre, exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.