El director de Fundación Solón, Pablo Solón, pidió a la Vicepresidencia del Estado retirar y desistir de la acción de conflicto de competencias que planteó en contra de los municipios de Alto Beni y Palos Blancos que se declararon libres de minería.
Francisco Reynaga, productor de cacao en Alto Beni. Foto: ANF
Fuente: ANF
Esa acción se encuentra en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), plantea que los municipios y en particular Alto Beni se está arrogando atribuciones del Gobierno central porque estaría interviniendo en el ámbito minero.
“Cuando los municipios se declaran libres de minería, es porque no hay minería en esos municipios, es una constatación, no se atribuyen atribuciones del Gobierno. Corresponde que la vicepresidencia retire, desista de este conflicto de competencias, porque no hay materia”, afirmó.
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El razonamiento de la Vicepresidencia del Estado representa un “error muy grave”, porque los municipios de Alto Beni y Palos Blancos tienen una vocación agroecológica, por lo tanto, si ingresa la minería a esa región contaminará los ríos y perderán su vocación agrícola.
Esos dos municipios son productores de cacao orgánico, pero lo más importante es que es un producto de exportación de materia prima y productos acabamos como el chocolate. Entre Alto Beni y Palos Blancos operan 48 cooperativas con más de 1300 familias socias que son parte de la Central de Cooperativas de El Ceibo.
Tienen certificaciones internacionales para comercializar el cacao en particular en Europa, pero la condición principal es que debe ser un producto orgánico, libre de agroquímicos.
En esa región se ha implementado el modelo agroforestal para que sea una producción amigable con el medioambiente, usan abono natural y practican quema sin fuego. La ANF visitó parcelas en ambos municipios y verificó el compromiso que existe para defender la producción agroecológica.
Solón señaló que los municipios de Alto Beni y Palos Blancos representan “el más grande ejemplo de que podemos ser un país no extractivista, sin embargo, en vez apoyarlos les meten una acción de conflicto de competencias”, cuestionó a la Vicepresidencia del Estado.
Por otra parte, mencionó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ha aceptado “restringir” las áreas donde no se deben otorgar derechos mineros, como ha señalada en una entrevista a la ANF el director Álvaro Antezana.
Esa medida ha sido asumida por la AJAM en el marco de la acción popular que interpuso la Defensoría del Pueblo y que fue concedida la tutela, sin embargo, Solón advierte que la AJAM acató la disposición del juez, pero de manera “temporal”.
“Dice que es temporal, mientras se conozca el fallo en revisión que emitirá el Tribunal Constitucional de esta sentencia de la acción popular y el fallo del TCP sobre el conflicto de competencias. El futuro de la vocación agroecológica está en manos de un TCP que además no goza de la legitimidad y se pronunciará en un tema tan importante”, dijo Solón.
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