La abogada Cecilia Urquieta dice que el abogado de Sandra Gutiérrez y el juez que emitió la resolución para restituirla son exfuncionarios de la PGE en la gestión de César Siles
eju.tv / Video: RKC
Boris Bueno Camacho / La Paz
El equipo jurídico del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció la mañana de este lunes que dos exfuncionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE) en la gestión del actual ministro de Justicia César Siles, participaron en la acción de libertad para que se restituya a Sandra Gutiérrez en el cargo de fiscal departamental de Tarija, quien supuestamente fue destituida por iniciar un proceso al expresidente Evo Morales por la supuesta comisión de delitos de trata de personas y estupro agravado contra una menor de edad el año 2018, cuando la supuesta víctima tenía tan solo 15 años.
La abogada del exmandatario, Cecilia Urquieta, cuestionó que el domingo un juez emitió una acción de libertad para revocar la destitución de la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, pese a que cometió varias acciones irregulares y delitos de acción pública como el haber construido una acción penal contra Morales en tan solo dos horas, desde el informe de inteligencia policial hasta la imputación y la orden de aprehensión, el pasado 26 de septiembre, además de otros actos ilegales.
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“Esta imputación ha sido sin notificación, ha constituido una comisión de fiscales de forma irregular, incluso trayendo a un fiscal de aduanas que no conoce este tipo de temas y, por otro lado, ha emitido un mandamiento de aprehensión sin control jurisdiccional; es decir, cualquier procedimiento penal siempre tiene que ir con el control jurisdiccional, del Órgano Judicial y esto no ha pasado; desde el 26 hasta el 30 de septiembre no se ha emitido ninguna resolución para que vaya a conocimiento del juez cautelar”, refirió.
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Asimismo, recordó que el inicio de la causa en cuestión fue por el delito de trata y tráfico, pero la orden de aprehensión fue por estupro, lo que provocó una confusión porque se podría creer que son dos delitos en procesos diferentes, cuando no es así; por ello, señaló que la autoridad tarijeña incurrió en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y ese fue el motivo de su destitución de su cargo por el Ministerio Público.
“El viernes ya anunciamos que esta acción de libertad había ingresado por el sistema judicial con el Nro. Nurec 204188396 al juzgado de sentencia penal anticorrupción de violencia Nro. 25 a cargo del juez Flores; pero, nos sorprendemos que el día de ayer nos informan que está en otro juzgado, ahora está en el juzgado del juez anticorrupción Iván Córdoba, juzgado Nro. 17 de La Paz; ¿por qué ha ingresado un día a este juzgado, no les ha gustado el juez y ahora se ha procesado esta acción de libertad de forma irregular”, apuntó.
La abogada Cecilia Urquieta se dirige a los periodistas. Foto: captura pantalla
La defensora rememoró que el juez Córdoba fue subprocurador y director de asuntos jurídicos de la PGE hasta hace un tiempo atrás; en tanto, el abogado que lleva adelante el proceso, Carlos Alberto Vacaflor, fue director general de Justicia y Derechos Fundamentales de esa institución de defensa del patrimonio del Estado; ambos profesionales -dijo- son parte del entorno más cercano del actual titular de Justicia, César Siles.
“Y casualmente que, ahora, de forma irregular, ha caído en este juzgado y ha salido esta resolución con justificaciones legales que desconocemos; por otra parte, quiero anunciar que el señor Iván Córdova en este momento es candidato para ser fiscal general y también es candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está en las dos listas esta persona con estas irregularidades, con este tipo de denuncias, que parecería que está cumpliendo este tipo de favores para el ministro de Justicia”, espetó.
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El equipo jurídico del MAS ratificó que hay varias figuras delictivas cometidas por Sandra Gutiérrez y anunció el inicio de una acción penal en su contra por los delitos de resoluciones contrarias a la Ley y la Constitución, tráfico de influencias, uso indebido de influencias, porque hizo valer su condición de fiscal departamental de Tarija para iniciar un proceso ilegal, arbitrario y contrario a la norma vigente; además, que también iniciarán otros procesos legales contra Córdoba y Vacaflor por los mismos delitos, además de manipulación informática.
Por otra parte, el abogado Wilfredo Chávez reiteró una vez más que no se puede reabrir una causa por el mismo delito, ya que una acusación prácticamente igual fue rechazada por la FGE en diciembre de 2020 y, en marzo del 2021, el fiscal de materia pidió el cierre de control jurisdiccional al juez cautelar. “Es decir, el propio Ministerio Público cerró con todos los candados posibles esta investigación hace más de tres años, casi cuatro, en consecuencia, ha agotado la posibilidad de persecución penal que tenía el Estado por este caso”, resaltó.
Evo Morales en el acto de aniversario del sindicato Villa Victoria. Foto: captura pantalla
Entre tanto, Evo Morales participó la mañana de este lunes en el 86 aniversario del sindicato cocalero la Victoria del trópico de Cochabamba, en la ocasión nuevamente denunció que es víctima de persecución política y judicial del actual gobierno; pero, no hizo referencia a la acusación que pesa en su contra; asimismo, dio a conocer una supuesta encuesta que señala que la mayoría de la población cree que la gestión de Arce lo acosa para anularlo como candidato en las elecciones generales de 2025.