El 2022, con bombos y platillos, se declaró “El año de la despatriarcalización y de la no violencia hacia la mujer”. Se dijo que con esto se iba a disminuir e intentar acabar con los permanentes y graves casos de feminicidios y de agresiones contra la mujer, que cada año iban en aumento.
Este es un tema central en el Estado plurinacional de Bolivia: la violencia que nos gobierna en todos los sectores sociales, en las familias, en las redes sociales, en las autoridades, en las escuelas, en las universidades, en las relaciones sociales, etc. Y tiene su punto culminante en dos expresiones: violencia sexual y feminicidios, sin hablar, claro está, de la violencia política, esa en la que hoy estamos sumidos, partidos, resquebrajados y polarizados, teniendo de yapa un violento bloqueo que es ilegal, anticonstitucional y vulnera los derechos humanos de millones de bolivianos, cuyos bloqueadores, así como dice el Chavo del Ocho, “sin querer queriendo”, son portavoces y encubridores de la violencia sexual. Pero ahí están bloqueando a todo un país, gracias a los placeres sexuales de don Evo Morales, que tiene la capacidad de movilizar a sus bases, de engañarles, mentirles y manipularles.
Pero volvemos a lo que queremos plantear ahora: la violencia en todas sus expresiones hacia la mujer, niñas y adolescentes, un problema transversal, fundamental en esta Bolivia, pero en varios ámbitos, especialmente de la justicia se permite y se es cómplice con los violadores, golpeadores, los pedófilos, los agresores. Son varios los casos de impunidad de quienes cometieron delitos sexuales, pero que el brazo de la justicia plurinacional no les llegó y ahí están libres y felices.
Evidentemente, los casos no deben ser sólo números o estadísticas, esos que siempre viene presentando la Fiscalía General cada cierto tiempo, informes que nos deberían dar vergüenza o afectarnos en alguna manera. En diez meses del 2024, ya se han registrado más de 40.000 casos de agresiones a la mujer: violaciones, golpes, abandonos, abusos, etc. Ese informe señala que 77 mujeres han sido asesinadas hasta la fecha, siendo el mes de octubre el de mayor dolor y muerte: a 12 mujeres les arrebataron sus vidas y cada caso de la forma más cruel e inhumana de sus agresores.
¿Quién o quiénes están fallando para esta explosión de la violencia sexual, física, psicológica, mediática hacia la mujer? ¿Acaso no tenemos una serie de leyes que protegen y defienden a las mujeres, niñas y adolescentes? ¿Si el gobierno prometió acabar con la violencia de género desde el 2022 con esa declaración rimbombante, por qué no se logra avanzar hacia ese Estado despatriarcalizado y descolonizado, si ya van 16 años en el poder del mismo discurso? ¿Qué podemos esperar de la justicia si libera y deja impunes a violadores, agresores, a pedófilos del poder y la gente siente que los fiscales y jueces con cómplices?
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Pues, estamos fallando todos, porque esta sociedad es enferma, doble moral, morbosa que no reacciona frente a los depredadores sexuales, a quienes los ve en televisión, en sus oficinas, como los casos del diputado Jáuregui, que pedía tres señoritas para pasar la noche, o el decano de Humanidades de la UAGRM, Velarde, que exigía “culín y sapín” para regalar notas, autoridad que volvió a sus funciones con todas las atribuciones, sin que esto nos haya generado la menor indignación o malestar, teniendo en ambas instancias: la Cámara de Diputados y la UAGRM como instituciones encubridoras y cómplices de los delitos sexuales. O como diría mi vecino “son alcahuetes”.
A esos números fríos que presentó la Fiscalía General le vamos a agregar otros datos más provocadores: Significan que por día en Bolivia alrededor de 133 a 135 mujeres sufren algún tipo de agresión, situación que ha llegado a alertar a organismos internacionales de derechos humanos como de mayor incidencia en América Latina, y en el caso de feminicidios, si bien se han producido 77 en diez meses, significa que por día han sido asesinados 3 a 4 mujeres, sin duda, esto nos debe hacer repensar que las políticas gubernamentales, municipales, departamentales, educativas no están funcionando o dando resultados, peor aún el sistema judicial es un antro donde se cocinan sentencias a favor de los que cometen delitos.
También estos datos cuestionan a las demás instituciones del Estado: Defensoría del Pueblo, Defensorías de la Niñez, Servicios Integrales, Direcciones de Educación, a las organizaciones de la sociedad; comités cívicos, feministas, activistas, a las familias, al sistema educativo y universitario, a los medios de comunicación, al ciudadano que tiene en las redes sociales un instrumento para producir, comercializar, difundir y repartir información, y muchas veces impulsa el odio y la violencia.
En definitiva, el Estado Plurinacional está golpeado con esta realidad de la violencia de género, conminado a cambiar de timón y de prioridades, bajo la dinámica que si todos cumplieran las leyes, si las instituciones competentes asumen sus responsabilidades, si hubiera sanciones drásticas para el agresor, si las campañas que se realizan fueran efectivas, si en la familia se fortaleciera los valores y los derechos, si cambiamos de chip que este es un problema que nos compromete a todos y todas, así podríamos avanzar, pero si no hay voluntad política, ni recursos económicos, vamos a seguir lamentando informes dramáticos de la Fiscalía General.