Gobierno intenta revivir créditos por $us 1.800 millones tras compromiso en Santa Cruz


Los ministros Montenegro y Cusicanqui explicarán este lunes en comisión técnica el uso de los recursos. El Ejecutivo advierte que, sin estos fondos, peligra el voto en el exterior y se agrava la crisis fiscal. La pugna en la Asamblea frena el desembolso desde 2023.

Ernesto Estremadoiro Flores

 

El PGE 2025 no fue debatido en la Asamblea
La Asamblea debe aprobar créditos para garantizar el voto en el exterior/Foto: ED

 



Fuente: El Deber

El Gobierno intentará una vez más convencer al Poder Legislativo de aprobar una serie de créditos externos para aliviar las necesidades del aparato estatal. Este lunes, 16 de junio, los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, comparecerán ante una comisión técnica para explicar el destino de estos fondos. En total, se busca destrabar más de 1.800 millones de dólares.

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La aprobación de estos créditos fue uno de los compromisos de la cuarta cumbre Multipartidaria e Institucional por la Democracia que se realizó el pasado jueves en Santa Cruz. Con esto se espera asegurar la votación en el exterior en las elecciones del 17 de agosto.

La cita será el primer paso de un proceso complejo: se espera que el equipo técnico del Ejecutivo logre convencer a legisladores de distintas bancadas para viabilizar préstamos que llevan meses —y en algunos casos, años— estancados.

Desde 2023, el Ministerio de Economía ha remitido varios proyectos de ley para la aprobación de créditos con entidades como el BID, la CAF y la JICA. La mayoría aún no fue tratada en el pleno o fue rechazado por falta de consenso político.

La falta de aprobación ha generado un efecto dominó. Según fuentes del Ejecutivo, la parálisis legislativa impide ejecutar programas de infraestructura, atención a emergencias climáticas y, sobre todo, disponer de divisas para operaciones esenciales como la importación de combustibles o medicamentos.

El daño económico es real. No aprobar estos créditos es como bloquear el oxígeno del Estado”, declaró recientemente el ministro Montenegro, en referencia al crédito rechazado con la cooperación japonesa (JICA) por $us 100 millones, que estaba destinado en parte a la atención de desastres naturales.

Voto en el exterior en riesgo

Una parte crítica de los fondos también está vinculada con el proceso electoral. El Gobierno requiere disponer de recursos para garantizar la logística del voto boliviano en el exterior, previsto para el 17 de agosto. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha advertido que necesita financiamiento urgente para desplegar el operativo en al menos 33 países.

En la cumbre Multipartidaria e Institucional por la Democracia, realizada el jueves, 12 de junio, en Santa Cruz, los partidos con representación en la Asamblea Legislativa —el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— firmaron un compromiso para destrabar los créditos, entre ellos el destinado a financiar el voto exterior. Pero las señales desde el Legislativo siguen siendo inciertas.

Una Asamblea fragmentada

La falta de acuerdos internos dentro del MAS y la desconfianza entre las tres principales fuerzas políticas han dificultado la aprobación de los créditos. Varios proyectos han sido rechazados o paralizados en comisiones, pese a que tienen condiciones favorables, como tasas de interés bajas y largos periodos de gracia. “La Asamblea ha dejado de ser funcional. El bloqueo no es técnico, es político”, denunciaron en más de una ocasión desde el Ejecutivo.

Frente al entrampamiento, el vicepresidente David Choquehuanca convocó a una comisión técnica de alto nivel para evaluar y viabilizar los créditos. Esta instancia está conformada por representantes del Ejecutivo y de las tres fuerzas legislativas. La sesión de este lunes será la primera de varias reuniones previstas.

Desde la Vicepresidencia se emitió un comunicado señalando que la comisión busca “una gestión responsable y articulada entre órganos del Estado”, que permita reactivar los créditos pendientes sin necesidad de nuevos conflictos políticos.

Además del Gobierno central, autoridades locales también están alzando la voz. La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) ha exigido al Legislativo la aprobación urgente de al menos $us 325 millones destinados a proyectos de emergencia y desarrollo urbano. Alcaldes advierten con movilizaciones si no se desbloquean los recursos.

Fuente: El Deber