La anterior semana, el GAFI publicó su “lista gris” de países cuya legislación no garantiza el desvío de recursos para actividades ilícitas y el lavado de activos, por lo que el Gobierno responsabilizó de este hecho a la oposición por la falta de aprobación de leyes claves, como la derogada Ley 1386.
eju.tv / Video: BTV
El presidente del Estado, Luis Arce, exhortó este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a aprobar con urgencia las leyes necesarias para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. En ese sentido, indicó que por su demora contribuyeron a la inclusión de Bolivia en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Hay que reponer algunas leyes que por alguna razón han estado marginadas en la Asamblea y que han sido motivo por el cual nos han desplazado en el GAFI. Creo que hay normativas que se pueden avanzar y aprobar para que Bolivia no esté en una situación como la que estamos pasando”, manifestó Arce, tras hacer el llamado a la coordinación de Órganos del Estado. “Pedimos a la Asamblea la máxima cooperación para que aprueben toda esa normativa e ir resolviendo todos estos temas”, añadió.
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La anterior semana, el GAFI publicó su “lista gris” de países cuya legislación no garantiza el desvío de recursos para actividades ilícitas y el lavado de activos, por lo que el Gobierno responsabilizó de este hecho a la oposición por la falta de aprobación de leyes claves, como la derogada Ley 1386, lo que impidió avanzar con los estándares internacionales requeridos para salir de la “lista gris”.
Este lunes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que el Ejecutivo enviará un nuevo proyecto de ley que incorpora observaciones técnicas planteadas por el organismo internacional. “Vamos a remitir un proyecto de ley para incorporar estas observaciones que nos ha hecho el GAFI, en relación a las técnicas especiales de investigación y otros elementos adicionales”, declaró.
El Gobierno confía en que, con la aprobación de estas normativas, se podrán aplicar las medidas correctivas que permitan la pronta salida del país de la “lista gris”, protegiendo la imagen del sistema financiero boliviano y asegurando el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).