La instrucción para llevar al ex prefecto a Cobija no llegó a la cárcel de San Pedro. El Gobierno reiteró que la juez pandina no tiene potestad sobre este tema.
Proceso: Leopoldo Fernández ingresa en el penal de San Pedro en septiembre de 2008
La Prensa
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Las autoridades de la cárcel de San Pedro de La Paz someterán a valoración jurídica la instructiva —que aún no llegó— de la juez pandina María Eugenia Romero, que ordena el traslado a Villa Busch, Cobija, del ex prefecto Leopoldo Fernández y otros diez detenidos en el penal por el caso de la “masacre de Porvenir”, del 11 de septiembre de 2008.
El análisis jurídico-técnico será efectuado por la “abogada que tenemos en (el penal) de San Pedro”, declaró el director nacional de Régimen Penitenciario, coronel Manuel Guzmán, quien consideró que ese estudio no debería exceder las 48 horas.
Sin embargo, hizo notar que la instructiva fue emitida por una juez mixta de Instrucción, en esta oportunidad Romero, cuando el caso se hallaba en el Juzgado Séptimo de Instrucción Cautelar, de Betty Yañíquez, del Distrito de La Paz (de mayor rango), que fue recusada el 22 de septiembre por un grupo de supuestos implicados que están presos en San Pedro.
Romero emitió la orden el anterior jueves, pero ésta aún no llegó a manos ni de Guzmán ni del gobernador del panóptico paceño, coronel José Cabrera, según las declaraciones del Director Nacional de Régimen Penitenciario.
Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, consideró que el análisis que se haga del documento judicial “deber ser un mecanismo interno del sistema penitenciario boliviano”.
Reiteró, como el sábado, que Romero no tiene competencia para instruir traslados a Pando de ninguno de los detenidos por la “masacre de Porvenir”.
Recordó que, según las leyes nacionales, una causa se abre por requerimiento del Ministerio Público, y en el caso del 11 de septiembre, los fiscales paceños Félix Peralta y Eduardo Morales son quienes están a cargo de la investigación preliminar.
Con estos argumentos restó toda validez legal al pedido de Romero y anticipó que Fernández y los otros diez detenidos por el caso Porvenir no serán trasladados al penal Villa Busch.
El ex Prefecto de Pando fue detenido el 16 de septiembre en Cobija por su supuesta participación, cinco días antes, en la organización de la muerte por disparos de armas de fuego de por lo menos siete campesinos y cuatro normalistas afines al oficialismo.
Dos días después, un juez cautelar paceño lo envió al penal de San Pedro, con lo que se abrió el camino para que la ex autoridad departamental sea procesada por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema de Justicia, tal como solicitan sus defensores.
No es la primera vez que la defensa de Fernández intenta el traslado del ex Prefecto. El 23 de septiembre de 2008, el juez Sexto de Instrucción en lo Penal, Álvaro Melgarejo, falló a favor del auto supremo emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema, para que el caso se derive a un juicio de responsabilidades.
Pero otro recurso, presentado por la Fiscalía de La Paz y familiares de las víctimas de la “masacre de Porvenir”, inhabilitó la decisión de Melgarejo, quien además fue recusado.