Sin embargo, hoy, el Ministerio Público y la Policía intervinieron el mismo hogar a raíz de denuncias difundidas en redes sociales. El fiscal departamental, Luis Torres, informó que ya se identificaron víctimas y que la investigación penal se activó de oficio.
Tres días antes de que la Fiscalía identifique víctimas de presunto abuso infantil en el Hogar José Soria, la Gobernación de La Paz había descartado cualquier maltrato, tras una inspección conjunta con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). La contradicción entre ambos reportes oficiales ahora plantea dudas sobre una posible omisión institucional en un caso que ahora está bajo investigación penal.
“Ambas instituciones se reunieron tras las evaluaciones pertinentes a los 12 menores que viven en el centro. Por parte de los técnicos se descartó la supuesta denuncia de violencia infantil”, afirmó la administradora del centro de acogida, Rosario Quinta Choque, en declaraciones ofrecidas tras la verificación del 1 de agosto.
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El acta de esa visita, firmada por representantes del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y la Defensoría de la Niñez, no solo negó el maltrato, sino que dejó constancia de que los niños expresaron sentirse bien y con apego hacia las educadoras.
“Aquí somos una familia unida”, insistió Quinta. La funcionaria también aseguró que el centro cumple con lo estipulado en la Ley 548, del Código Niña, Niño y Adolescente.
Sin embargo, hoy, el Ministerio Público y la Policía intervinieron el mismo hogar a raíz de denuncias difundidas en redes sociales. El fiscal departamental, Luis Torres, informó que ya se identificaron víctimas y que la investigación penal se activó de oficio. Se sospecha la existencia de abusos físicos y psicológicos en menores, varios con discapacidad.
“Ya se tiene identificado a un número (de víctimas) en base a los reportes del primer avance de la DNA. Inmediatamente desplegamos al personal del IDIF (Instituto de Investigaciones Forenses) para hacer dos tipos de valoraciones”, anunció Torres, quien lideró el operativo en el centro. Las pericias buscan establecer lesiones o secuelas y verificar si se vulneraron derechos fundamentales.
Las contradicciones entre lo señalado por la Gobernación días antes y los hallazgos de la Fiscalía ponen en entredicho la rigurosidad de los controles institucionales. ¿Fueron ineficaces los exámenes técnicos del 1 de agosto? ¿O se trató de un intento por encubrir lo que hoy parece evidente?
El coronel Gabriel Neme, director de la FELCC, confirmó que se convocará a todo el personal del hogar para declarar.
“Estamos colectando elementos de convicción y abordando cada espacio del centro para establecer si se vulneraron derechos”, dijo. El informe final, prometió, se conocerá en las próximas horas.