Bloqueo paraliza venta diaria de 2.500 toneladas de cemento y amenaza más de 132.000 empleos en Cochabamba


La Federación de Empresarios de este departamento y cámaras sectoriales alertan que la medida de presión contra Coboce frena el suministro a obras públicas y privadas, impacta en el PIB departamental y pone en riesgo la estabilidad productiva.

Ernesto Estremadoiro Flores



 

Fuente: eldeber.com.bo

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La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y tres cámaras sectoriales advirtieron que los bloqueos que impiden el transporte de cemento desde la Unidad de Cemento de la Cooperativa Multiactiva Coboce han paralizado el despacho de 2.500 toneladas diarias, afectando el suministro a obras públicas, proyectos de vivienda y desarrollo comunitario en Cochabamba y el resto del país.

En un pronunciamiento conjunto con la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) y la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), el empresariado señaló que la medida de presión responde a “presiones corporativas” que buscan condicionar la logística de distribución y obtener beneficios contrarios a la normativa y a la gestión empresarial.

La situación vulnera principios esenciales para la actividad productiva formal, como la libertad de empresa, la libertad de contratación, la seguridad jurídica, la continuidad operativa y la preservación del empleo formal”, advierte el documento.

Según datos de la FEPC, el sector de la construcción en Cochabamba representa alrededor del 4% del PIB departamental, equivalente a 1.700 millones de bolivianos anuales. Está conformado por 9.617 empresas —el 14,7% del tejido empresarial— que generan 132.270 empleos formales y dan sustento a 401.000 personas vinculadas directamente a esta actividad.

El pronunciamiento recuerda que la construcción impulsa cadenas productivas hacia atrás, demandando insumos como acero, madera, transporte y servicios, por lo que la paralización de su logística “genera un impacto multiplicador negativo sobre la competitividad, la inversión y el empleo”.

Las entidades empresariales advierten que permitir que este tipo de prácticas se consoliden como mecanismo de presión inhibe la inversión privada por incertidumbre operativa, debilita la seguridad jurídica, limita el derecho de las empresas a organizar su logística, compromete el abastecimiento del mercado interno, pone en riesgo la estabilidad del empleo formal y aumenta la presión inflacionaria.

La FEPC pidió a las autoridades competentes adoptar medidas inmediatas para restablecer la libre circulación de insumos estratégicos y garantizar el respeto a la libertad de empresa y al derecho al trabajo. Finalmente, el empresariado reafirmó su disposición a participar en un diálogo “técnico, constructivo y basado en la ley” para proteger la competitividad regional y el bienestar de las familias que dependen de la actividad productiva en Cochabamba.