La presencia de jueces y fiscales en actos de proselitismo político, va en contra de la Ley del Consejo de la Judicatura. La norma es taxativa en este sentido, aunque bajo el principio de que a nadie se le puede coartar su derecho de elección política, el camino queda siempre abierto en la renuncia al cargo.
Editorial Opinión
Uno de los grandes males que ha dañado sistemáticamente el trabajo de jueces y fiscales en relación a su probidad e independencia, ha sido esa especie de parcelación política, que los partidos en el pasado realizaban en los tribunales de justicia.
La designación de jueces y magistrados obedecían, precisamente, a las cuotas partidarias que devenían de los acuerdos o pactos post electorales. La justicia, como uno de los bienes sociales más preciados, no puede ser objeto del tráfico de influencias, ni de los políticos que, casi siempre, pretenden tener bajo su dominio a uno de los sectores fundamentales para el desarrollo de una sociedad medianamente organizada, dentro de valores, principios y la independencia de poderes.
En momentos cuando se escuchan discursos sobre el cambio, sorprende que conductas y acciones políticas se repitan, como una especie de calco del pasado, reflejando claras intencionalidades políticas partidarias de parte de jueces y fiscales, con el oficialismo, mientras, paradójicamente, el presidente Evo Morales exhorta a los abogados a impulsar una revolución estructural en el Poder Judicial, y acabar con las denominadas logias que se han encaramado en la administración de justicia.
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Una revolución estructural, en el Poder Judicial, se puede llevar adelante, evidentemente, desterrando los grupos de poder político que se han introducido en los tribunales, pero, lo que no se comprende, porque ingresa al campo del absurdo o de la maniobra política, es proclamar algo que sirva sólo para expulsar a unos, con el propósito final de sustituirlos por otros, nuevamente, bajo la conducción del oficialismo político.
La presencia de jueces y fiscales en actos de proselitismo político, no sólo que motiva dudas sobre su imparcialidad, sino que va en contra de la Ley del Consejo de la Judicatura que prohíbe que los jueces tengan militancia política. De tal modo que la norma es taxativa en este sentido, aunque, bajo el principio de que a nadie se le puede coartar su derecho de elección política, el camino queda siempre abierto en la renuncia al cargo.
Se tiene que entender que la probidad de la justicia y de sus administradores, no sólo tiene que ver con un conjunto de actos jurisdiccionales llevados de forma honesta, sino también que los administradores de justicia, tienen que estar libres de la más mínima sospecha. Involucrarse en política partidaria, o involucrarlos, es una forma de corrupción y de corromper.
Conceptualmente, jueces y fiscales que pretendan unir su rol con la política, no deberían olvidar que la misión social del juez está en directa relación con la protección de la vida, el honor y los bienes de las personas, y que la manera más directa de interferir o negar esta misión es la intromisión política partidaria.
Inmiscuirse en política o proselitismo en tiempos electorales, es contrario a la rigurosa exigencia que la gente demanda de un juez o de un fiscal, este último como defensor de los intereses de la sociedad, situándolos a ambos en ese estrecho mundo de los intereses circunstanciales y egoístas.