José Roberto Castro Peñaranda tiene la facultad de inscribir las candidaturas del PDC para las elecciones subnacionales de 2026.
Fuente: eldeber.com.bo
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió un fallo que reconoce a José Roberto Castro Peñaranda, padre del presidente de la Cámara de Diputados, como representante legítimo del Partido Demócrata Cristiano (PDC), otorgándole la facultad de actuar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de inscribir candidaturas para las elecciones subnacionales de 2026.
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La decisión, emitida el 19 de diciembre de 2025, responde a una acción de amparo constitucional interpuesta por Castro contra el expresidente del TSE Óscar Hassenteufel y la anterior Sala Plena del Órgano Electoral.
El conflicto se originó tras la emisión de la Providencia N° 0148/2025 por parte del TSE, que acreditó a delegados del PDC con base en una resolución interna que, según la demanda, habría sido “falsificada”. Castro alegó que este acto vulneraba sus derechos políticos y partidarios, así como la autonomía y democracia interna de la organización.
La acción judicial detalla que, durante una reunión del Comité Político Nacional del PDC el 14 de noviembre de 2025, se decidió posponer la designación de delegados debido a irregularidades en la convocatoria; sin embargo, se habría utilizado hojas en blanco firmadas en esa sesión para generar una versión falsificada de la Resolución 15/2025.
“Lamentablemente el Sr. Víctor Hugo Velasco Iporre, sin conocimiento de los miembros asistentes a la reunión de fecha 14 de noviembre de 2025, utilizó las hojas en blanco para imprimir una resolución 15/2025, reemplazar los nombres de los nuevos delegados nacionales y departamentales ante el TSE con el fin de beneficiar a su propio hijo, amigos y familiares y utilizar el documento (falsificado) para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses”, se lee en la acción de amparo Constitucional.
Como prueba de la presunta falsificación, la demanda incluyó denuncias penales interpuestas el 11 de diciembre por integrantes del comité, Cindy Guzmán Melgar y Melisa Ovando Miranda, quienes alegan la falsedad material e ideológica de sus firmas en el documento presentado por Velasco Iporre. Además, Castro denunció que fue notificado de la providencia cuestionada a través de la prensa, y no por vía oficial.
La Sala Constitucional admitió la demanda y dio curso a la ampliación presentada el 17 de diciembre, que solicitaba una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la Providencia N° 0148/2025, impidiendo que los delegados cuestionados pudieran realizar actos clave del calendario electoral, cuyo plazo para la inscripción de candidaturas venció el 22 de diciembre de 2025.
Asimismo, el fallo ordenó la notificación a catorce terceros interesados y dispuso la realización de una audiencia pública virtual para que las partes expongan sus argumentos, mientras se aguarda una decisión definitiva sobre el fondo del proceso constitucional.