A las 09:00 de este miércoles, la sala plena del TSE, analizará la notificación del TCP sobre la sigla de UCS.
Fuente: eldeber.com.bo
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De 26.000 candidatos a las elecciones subnacionales inhabilitados solo 782 han sido reemplazados y el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila les recordó a los partidos que tienen hasta el 5 de febrero para la sustitución de los nombres; advirtió que los plazos son impostergables en el calendario electoral.
“Reportarles que hasta el día de hoy (martes) tenemos 782 sustituciones, es un número bajo, por eso yo aprovecho para recordar a las organizaciones políticas que el compromiso de sustituir candidatos es hasta el 5 de febrero, esos candidatos que han sido inhabilitados por incumplimiento de requisitos”, detalló el presidente del ente electoral.
De acuerdo con el calendario electoral, el 22 de diciembre feneció el plazo de registro de candidatos a las elecciones subnacionales; el 9 de enero se produjo la publicación de las candidaturas habilitadas y se conoció quiénes eran los inhabilitados.
En ese entonces se informó que hubo 34.000 inscritos de los cuales 26.000 –el 80%– quedaron inhabilitados, los partidos tienen para reemplazar a esas personas hasta el 5 de febrero próximo. Hasta el momento el número de reemplazos llega al 3%, de los 26.000.
Al margen de las inhabilitaciones están la eliminación completa de las listas de dos partidos, UCS y ADN cuyas siglas fueron eliminadas en agosto del pasado año, luego de las elecciones generales y ambos partidos recurrieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para seguir en la arena política, pero el ente constitucional ratificó la decisión del TSE y ambos partidos no podrán ser parte de este proceso. “Mañana vamos a tener la sala plena donde se va a emitir la resolución con relación al partido UCS, eso para cumplir una formalidad”, precisó Ávila.
Hasta el momento, los dos partidos se negaron a aceptar la resolución constitucional e incluso algunos mencionaron la posibilidad de acudir a tribunales internacionales con el objetivo de obligar al Estado a aceptar sus postulaciones, pese a que los procesos en esas instancias demoran años.