Para el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, el Gobierno debería entregar a Brasil a los miembros de la banda delincuencial que tengan esa nacionalidad, y a los demás detenidos preventivos debería expulsarlos del país para evitar problemas en los dos penales, que no cuentan con las condiciones de seguridad para albergar a presos de alta peligrosidad.
Siete de los miembros de la banda del narcotraficante Sebastián Marset, que fueron trasladados a los penales de alta seguridad, como Cantumarca en Potosí, estarán detenidos preventivamente en celdas de ladrillo cubiertas de estuco; mientras que los 10 que fueron trasladados al penal de Chonchocoro estarán en una cárcel donde ya se quebró la seguridad policial y hubo fugas, según el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
El punto de vista de la exautoridad se da después de conocerse que 17 privados de libertad, vinculados con la banda delincuencial y que se encontraban en el penal de Palmasola de Santa Cruz, fueron enviados al penal de Cantumarca en Potosí, mientras que los restantes fueron trasladados al penal de Chonchocoro en La Paz.
La justicia dispuso el traslado urgente de los integrantes de la banda de Marset tras el incidente ocurrido en una vivienda incautada en la zona del Urubó, en Santa Cruz, donde dos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) fueron reducidos y enmanillados, según El Día.
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La representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí informó que el penal de Cantumarca tiene una capacidad para 250 personas y actualmente alberga a 850 internos; es decir, 240 % de hacinamiento. El recinto está ocupado con 3,4 veces más personas de lo que debería, lo que significa que hay 600 internos por encima de su capacidad real, informó en octubre de 2025.
Mientras tanto, el penal de Chonchocoro, construido en 1992 para albergar a 330 personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, ahora alberga a 684 reos, entre ellos los criminales de más alta peligrosidad, en condiciones de hacinamiento, reportó Página Siete en febrero de 2023.
Los acusados, capturados la pasada semana en operativos realizados en Montero y una zona cercana a Portachuelo, enfrentan cargos por tráfico de armas, organización criminal y atentado contra fuerzas del orden. Si bien la jueza que atendió el caso había dispuesto su traslado a distintos penales del país, tras el incidente y a petición de la Policía, decidió que éstos sean trasladados a los dos penales mencionados.
Para Llanos, el penal de Cantumarca “es como una cajita de fósforos para los incendiarios”, considerando que ese penal, pese a tener la categoría de alta seguridad, tiene una infraestructura que no reúne las condiciones para albergar a reos de alta peligrosidad, como los que fueron remitidos en las últimas horas.
“Cantumarca tiene habitaciones de ladrillo, con estuco; son pequeños lotes sin ningún tipo de seguridad. Es una cárcel hecha en tiempos del (expresidente) Carlos Mesa y son celdas tipo Chonchocoro, pero sin la seguridad”, advirtió.
Dijo que conoce ese penal y lo describió como un lugar donde hay mucha miseria, necesidades y angustia de los privados de libertad:
“He conocido esa cárcel, donde hay miseria, necesidad, falta de color, angustia de la gente, de las personas privadas de libertad pobres, de los detenidos preventivos; es una cárcel llena de necesidades”, afirmó.
Recordó que desde cuando se entra a ese penal, “todo es de color plomizo, de necesidad” y advirtió que es esa cárcel a la que nunca se ha atendido: “De donde ya han escapado los presos, donde los gobernadores se dedicaban a contrabandear autos, no tengo el dato, pero han escapado varios de esa cárcel, allí se les envía a estos señores”.
Reprochó que las autoridades asuman esas decisiones sin tomar en cuenta que quienes sufrirán serán los privados de libertad que se encuentran recluidos en ese penal. “Es gente que sufre ante el poder, ante la fuerza”, dijo. Mientras que las personas que fueron trasladadas en las últimas horas: “Es gente que mata, no son cualquier tipo de personas”, advirtió.
Llanos informó que en el penal de Cantumarca viven más de 1.000 personas, que ahora “van a estar sometidas a la delincuencia brasileña; eso va a suceder, es más, ya está sucediendo”, sostuvo, al aclarar que recibió esa información.
“Según lo que me han dicho, hay delegados allí del Comando Vermelho, que fueron trasladados hace dos o tres años y dominan esa cárcel”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que los detenidos vinculados con Marset intenten huir, considerando la falta de seguridad, Llanos sostuvo que no creía probable que se dé una huida: “Van a dominar. No creo que escapen; van a tener que estar un tiempo, ver, planificar”.
“Lo que va a pasar es que, como hay un contagio criminal, de la Policía y de los que tienen dinero, la Policía está muy contenta de que vayan, porque van a poder esquilmar plata”, aseguró.
Pero más allá de eso, insistió en que lo que le preocupa es el sufrimiento del detenido preventivo que está ahí: “Va a tener que estar en una lucha de titanes, porque es gente poderosa. Frente a ello, el privado de libertad potosino va a estar subordinado, porque está llegando esta gente mala a un lugar que estaba con cierta calma, según dicen, pero con el dominio de brasileños; ahora llegan otros”.
En el caso de Chonchocoro, Llanos informó que también está con una población de 1.000 personas; sin embargo, advirtió que ya han quebrado la vigilancia policial y ya han escapado. Por ello, planteó la necesidad de construir una verdadera cárcel de alta seguridad, donde haya bloques PC7, que deberían ser destinados a reos de alta peligrosidad.
Los bloques PC7 en penales son áreas de máxima seguridad que albergan reclusos de alto riesgo, con vigilancia extrema, celdas individuales y restricciones severas, enfocadas en prevenir fugas y controlar actividades delictivas dentro y fuera del penal.
Precisó que, aunque hay cárceles que sí tienen ese tipo de estructura, como en Tarija y Pando, donde esos bloques son de cemento, con barrotes, techo y patio enrejado, están destinados a los reos con sentencia.
En este caso, dijo que son detenidos preventivos; cuando los sentencien se tomará la decisión. El problema es que van a una cárcel donde están 1.000 personas, por lo que van a abusar de los potosinos y de los que han sido trasladados a esa cárcel, advirtió.
Llanos consideró que el Gobierno, en vez de trasladar a estos reos peligrosos a estos penales, debería optar por entregar a los que tienen nacionalidad brasileña a su país, y los demás deberían ser expulsados en la frontera para evitar estos problemas.