El cronograma de transición Oruro inicia el 30 de marzo: Wilcarani invita a Iván Quispe a participar.
Fuente: https://lapatria.bo
Transición municipal en Oruro
El alcalde saliente de Oruro, Adhemar Wilcarani, convocó públicamente al alcalde electo Iván Quispe para participar en el inicio del proceso de transición de la gestión municipal. Este evento está programado para el lunes 30 de marzo a las 10:00 horas, en el marco de un procedimiento que, según aseguró, contará con respaldo normativo, cronograma definido y comisiones ya conformadas.
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Detalles del proceso de transición
El anuncio se realizó en conferencia de prensa en el Salón Rojo de la Alcaldía. Allí, la autoridad saliente confirmó que el proceso se enmarca en la actualización del reglamento de la Ley de Transición Transparente mediante el Decreto Municipal 191. Este instrumento permite activar formalmente el traspaso de información entre gestiones.
Coordinación técnica entre equipos
Wilcarani señaló que, tras la oficialización de los resultados electorales, corresponde iniciar una etapa de coordinación técnica entre ambos equipos. En ese sentido, extendió la invitación a Quispe para que participe junto a su equipo jurídico y técnico en la primera reunión. En esta se presentará el cronograma de trabajo y se establecerán los mecanismos de revisión documental.
Verificación de documentación
Durante su intervención, la autoridad sostuvo que la transición permitirá verificar toda la documentación generada entre 2021 y 2026. Esto incluye proyectos, inversión ejecutada y respaldo jurídico de la gestión. Aclaró además que el proceso no implica una “rendición pública de cuentas”, sino la entrega ordenada de información conforme establece la normativa vigente.
Compromiso con la transparencia
En medio de cuestionamientos y declaraciones previas del alcalde electo, Wilcarani afirmó que el proceso se desarrollará bajo parámetros de transparencia. La nueva autoridad tendrá plena facultad para realizar auditorías una vez asuma funciones. “Está en su derecho”, indicó al referirse a eventuales revisiones o investigaciones.
Rechazo a irregularidades
Asimismo, rechazó versiones sobre posibles irregularidades en la etapa final de su administración. Aseguró que no se están suscribiendo nuevos contratos ni generando ítems, y que la gestión se concentra en el cierre administrativo conforme a la normativa de transición.
Proyectos en ejecución y obras paralizadas
Uno de los principales componentes del proceso será la transferencia de información sobre proyectos en ejecución y obras paralizadas. Varios de estos están afectados por el incremento de costos y factores económicos. Wilcarani mencionó entre estos:
- Avenida de la Morenada: inversión estimada de 21 millones de bolivianos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- Segunda fase de la avenida de la Diablada: costo aproximado de 8,5 millones.
- Construcción del Hospital de Segundo Nivel: presupuesto alcanza los 53 millones de bolivianos y presenta un avance aproximado del 40%.
Impacto económico y normativas
Según explicó, estas obras se encuentran detenidas a la espera de una normativa nacional que permita la actualización de precios unitarios. Esto es tras el impacto económico generado por el retiro de la subvención a los combustibles.
Entrega detallada de información
El alcalde saliente indicó que toda la información técnica, financiera y de avance físico será entregada en detalle. Esto incluye planillas, fichas técnicas y documentación administrativa, con el objetivo de garantizar continuidad en la siguiente gestión.
Inicio formal del proceso
El encuentro previsto para el lunes marcará el inicio formal de la transición. Contará con la participación del equipo técnico del Ejecutivo municipal y representantes designados por la autoridad electa. En esta instancia se prevé acordar los mecanismos de entrega de información y la verificación de documentos por áreas.
Nueva normativa para evitar observaciones
Wilcarani enfatizó que, a diferencia de 2021, cuando no existía una normativa específica, el actual proceso se desarrollará bajo una ley y reglamentación vigentes. Esto, en su criterio, permitirá evitar observaciones posteriores sobre falta de documentación o desorden administrativo.