Por su parte, la diputada de la alianza Libre, Adriana Jiménez, puso el foco en el daño que la mala calidad del combustible también provoca en el patrimonio estatal. Jiménez lamentó que deban presentar peticiones de informe escrito a distintas entidades públicas debido a las denuncias que han recibido sobre vehículos oficiales dañados.
eju.tv / Video: Cadena A
Luego del acuerdo entre choferes y una comisión de ministros, donde se determinaron cuatro puntos clave para superar la crisis del combustible, legisladores de distintas bancadas se pronunciaron sobre la calidad del carburante y advirtieron que las medidas de corto plazo no serán suficientes si no se acompaña de una reestructuración profunda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y una mayor transparencia en los procesos de la estatal. Los parlamentarios insisten en que el origen de la corrupción y las compras poco claras se encuentra en la propia estructura de la empresa.
“Este acuerdo yo creo que es una primera etapa. Lo principal acá y lo venimos diciendo desde la bancada de Unidad es una reestructuración de YPFB. Ahí está el conflicto, ahí está la corrupción. De ahí se hacen las compras poco transparentes”, enfatizó el diputado de Unidad, Alejandro Reyes, quien exigió que el presidente de la estatal petrolera presente “lo más rápido posible un cronograma de reestructuración de YPFB” y que se transparenten todas las compras, contratos y adendas. De lo contrario, advirtió, “esto va a ser el pan de cada día los próximos cinco años, y es inadmisible”.
Por su parte, la diputada de la alianza Libre, Adriana Jiménez, puso el foco en el daño que la mala calidad del combustible también provoca en el patrimonio estatal. Jiménez lamentó que deban presentar peticiones de informe escrito a distintas entidades públicas debido a las denuncias que han recibido sobre vehículos oficiales dañados.
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“Tenemos las pruebas de que automóviles de las diferentes instituciones, por ejemplo de Ende, se encuentran en talleres mecánicos esperando incluso la sustitución total de los motores”, reveló la diputada.
Jiménez cuestionó el impacto económico que esto representa para las arcas del Estado. “¿Qué implica aquello? Cuando estamos hablando de una institución pública, se debe comprar nuevo, cero kilómetros. ¿Quién va a pagar por ello? Todos los bolivianos con nuestros impuestos”, afirmó.
La legisladora complementó que “no sólo están causando un daño a la parte privada, sino a la parte pública, y vamos a ser todos los bolivianos quienes terminen pagando por estos daños ocasionados debido a una gestión incompetente a partir del Gobierno central”.