El abogado señaló que el proceso tuvo un fuerte impacto político, al involucrar a líderes cívicos, empresariales y políticos de Santa Cruz. La CIDH investiga la muerte de tres personas por la intervención policial en el céntrico hotel
Fuente: eldeber.com.bo
A 17 años del operativo policial en el Hotel Las Américas, el abogado Gary Prado aseguró que el caso estuvo marcado por irregularidades, uso político de la justicia y graves vulneraciones a los derechos humanos, al tiempo que confirmó que existen procesos en instancias internacionales contra el Estado boliviano.
En una entrevista en el programa ON-Otra Noche con Sissi de EL DEBER, Prado —quien formó parte de la defensa de algunos acusados— afirmó que el 16 de abril de 2009 la intervención policial fue “ilegal”, al haberse ejecutado sin orden judicial ni presencia fiscal. Según su versión, el operativo derivó en la muerte de tres ciudadanos extranjeros y la detención de otros dos, quienes —dijo— fueron sometidos a torturas antes de ser trasladados a La Paz.
El jurista sostuvo que este hecho dio paso a una narrativa impulsada por el gobierno de Evo Morales, que planteaba la existencia de una célula terrorista y separatista en Santa Cruz. Sin embargo, aseguró que esa tesis no pudo ser probada durante más de una década de proceso judicial. “Durante 11 años no lograron demostrar esa acusación, pese a tener control sobre el sistema judicial”, afirmó.
Prado remarcó que el único hecho comprobado en ese contexto fue el atentado con explosivos contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas, ocurrido un día antes del operativo, caso que —según indicó— hasta la fecha no ha sido esclarecido.
El abogado también señaló que el proceso tuvo un fuerte impacto político, al involucrar a líderes cívicos, empresariales y políticos de Santa Cruz, lo que —a su juicio— buscaba debilitar al movimiento autonómico en la región. “Se utilizó el caso para desarticular liderazgos regionales y generar temor”, sostuvo.
En cuanto al desenlace judicial, recordó que tanto la acusación particular como la fiscal fueron retiradas, lo que derivó en la absolución de los implicados. En ese sentido, afirmó que el caso está cerrado en Bolivia.
No obstante, advirtió que el conflicto continúa en el ámbito internacional. Indicó que al menos 13 personas han presentado denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunas de las cuales están próximas a derivar en juicios contra el Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, Prado cuestionó que, pese al paso del tiempo, persistan prácticas que vulneran garantías constitucionales. En ese marco, comparó el operativo del caso Las Américas con recientes intervenciones policiales, señalando similitudes en la forma de actuar sin órdenes judiciales. “No se puede normalizar que se vulneren derechos fundamentales en nombre de la seguridad”, concluyó.