Este 16 de abril se cumplen 17 años de una de las madrugadas más oscuras en la historia de Santa Cruz y de Bolivia. Hace 17 años, el Estado ejecutó de manera extrajudicial a Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi en el Hotel Las Américas. Ese acto de sangre no fue solo un operativo policial, sino el detonante de una cacería humana y una persecución sistemática diseñada por el gobierno del MAS para descabezar a la dirigencia cruceña mediante el falso “Caso Terrorismo”.
A raíz de este montaje, decenas de ciudadanos cruceños fuimos obligados a dejar nuestras familias y salir al exilio forzado para salvar nuestras vidas, como es el caso de Hugo Achá, Alejandro Melgar, Branko Marinkovic, Guido Nayar, Chiqui Laguna, Mario Bruno, y mi propia persona, Alejandro Brown Ibáñez.
Pero el destierro no significó la paz; el brazo oscuro del Estado nos persiguió más allá de las fronteras utilizando el poder internacional para cazarnos. El apresamiento injusto de nuestro hermano Alejandro Melgar en Uruguay es la prueba más cruda y brutal de esta persecución implacable. Melgar fue capturado y encerrado durante más de cuatro años en una cárcel extranjera, sufriendo un doble exilio, mientras luchaba día a día contra un pedido de extradición del gobierno boliviano basado en pruebas falsas y testigos comprados. Estuvo encadenado a ese proceso hasta que la justicia uruguaya desenmascaró el montaje del Estado Plurinacional, rechazó la extradición y le devolvió su libertad. Así de destructiva fue la “Maquinaria” que nos enfrentó.
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Hoy, a 17 años de esa masacre, quiero hablar de nosotros, las víctimas, y de las secuelas invisibles que nos dejaron. Muy poco se habla de los “muertos en vida”. La gente debe entender que el exilio forzado y la prisión política no son un simple cambio de código postal o un mero trámite judicial; son una verdadera amputación biológica y psicológica. Nos robaron 12 años de vida, destruyeron a nuestras familias y nos dejaron heridas que no sanan con el tiempo.
Por este inmenso daño, he llevado esta batalla a los tribunales internacionales. He presentado una petición formal y contundente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington (Petición N° 104011). En este documento, exijo que mi denuncia por los 12 años de exilio y tortura se acumule de inmediato al expediente matriz del caso “Hotel Las Américas” (P-1172-09). Y si por burocracia esto no procede, he exigido que se me abra un caso nuevo y separado, porque la destrucción de mi proyecto de vida y el destierro son violaciones a los derechos humanos que el Estado sigue sin reparar.
Para que esta justicia internacional sea rápida y no le dé más tiempo al Estado para poner excusas, le he pedido a la CIDH que aplique el principio de “prueba trasladada”. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que la CIDH ya emitió un Informe de Fondo definitivo en el caso de Mario Tadić y Elöd Tóásó, donde ya se demostró y comprobó que el gobierno boliviano fue el responsable del montaje, las ejecuciones y la persecución. He pedido que ese informe se use como “cosa juzgada”. Ya no necesitamos demostrarle al mundo que el caso terrorismo fue una farsa; eso ya es una verdad histórica. Ahora, la CIDH solo debe concentrarse en investigar y sancionar los 12 años de daño y exilio que sufrimos.
Mi mensaje hacia la Procuraduría General del Estado y, de manera directa, al gobierno del presidente Rodrigo Paz no es un simple pedido protocolar ni un ruego al poder de turno; es una exigencia histórica, jurídica e innegociable. A 17 años del derramamiento de sangre en Las Américas, es imperativo que el Estado boliviano asuma su responsabilidad institucional de una vez por todas, porque los crímenes de lesa humanidad no se borran con el cambio de un presidente.
Tienen la obligación moral ante el país y ante la comunidad internacional de abandonar el negacionismo y dejar de encubrir los crímenes de sus antecesores. Deben reconocer oficialmente y de cara al mundo entero que lo que operaron bajo las sombras no fue un acto de defensa de la patria, sino la ejecución sistemática y cobarde del mayor acto de terrorismo de Estado perpetrado contra la región de Santa Cruz. No persiguieron criminales; fabricaron culpables, sembraron armas y compraron testigos para asfixiar a todo un pueblo a través del miedo.
Exijo que el gobierno acepte y cumpla de manera estricta y pública con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH para resarcir a todos los que fuimos presos y exiliados políticos. El tiempo de las chicanas legales se acabó. El caso de Elöd Tóásó y Mario Tadić ya ha avanzado y hoy está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José de Costa Rica. El Estado boliviano ya está sentado en el banquillo de los acusados a nivel internacional.
No estamos pidiendo favores ni clemencia; estamos exigiendo justicia definitiva para Santa Cruz. Prohibido olvidar.
𝐀𝐥𝐞𝐣𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨 𝐁𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐈.
𝙰𝚋𝚘𝚐𝚊𝚍𝚘 𝚢 𝚎𝚡 𝚎𝚡𝚒𝚕𝚒𝚊𝚍𝚘 𝚙𝚘𝚕í𝚝𝚒𝚌𝚘 𝚙𝚘𝚛 𝟷𝟸 𝚊ñ𝚘𝚜