La investigación analizó 2.420 publicaciones en 13 plataformas digitales y 1.545 comentarios correspondientes a las 16 publicaciones más vistas sobre el debate generado tras la abrogación de la Ley 1341, que limitaba la facultad presidencial para decretar estados de excepción.
Campesinos bloquean una carretera en el altiplano paceño / archivo APG
Fuente: Brújula Digital
Un estudio de la consultora Rodríguez & Baudoin sobre la conversación digital en Bolivia reveló que apenas el 13 % de las publicaciones que expresan una posición sobre la crisis respalda la legitimidad de los bloqueos y rechaza la posibilidad de un estado de excepción, mientras que una proporción significativamente mayor se inclina por el fin de las medidas de presión.
La investigación analizó 2.420 publicaciones en 13 plataformas digitales y 1.545 comentarios correspondientes a las 16 publicaciones más vistas sobre el debate generado tras la abrogación de la Ley 1341, que limitaba la facultad presidencial para decretar estados de excepción.
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El reporte (ver documento adjunto) identifica una tendencia predominante hacia la demanda de orden, impulsada por el cansancio de la población frente a los bloqueos, el desabastecimiento y las dificultades económicas.
El estudio señala que tres de cada cuatro publicaciones se limitan a informar sobre los acontecimientos sin expresar una posición definida. Entre las publicaciones que sí toman partido, el bloque favorable al orden supera ampliamente al sector que defiende las protestas y advierte sobre los riesgos de una eventual restricción de derechos.
Los investigadores destacan además que los dos grupos no mantienen un verdadero debate entre sí. Mientras quienes respaldan el fin de los bloqueos enfatizan los problemas de abastecimiento, la imposibilidad de trabajar y las pérdidas económicas, quienes rechazan un posible estado de excepción concentran sus argumentos en la defensa de los derechos y el riesgo de represión.
Uno de los hallazgos más relevantes es que incluso en publicaciones protagonizadas por dirigentes que apoyan las movilizaciones, la mayoría de las reacciones del público se inclina por exigir el restablecimiento de la normalidad. El informe sostiene que el reclamo de orden tiene más eco social porque conecta con experiencias cotidianas vinculadas al impacto económico de los bloqueos. El análisis se basa en las publicaciones entre el 21 y el 27 de mayo,
Sin embargo, los autores aclaran que esta demanda de orden no implica necesariamente un respaldo al Gobierno. Una parte importante de los comentarios analizados expresa críticas a las autoridades por considerarlas débiles o incapaces de resolver la crisis.
El estudio también detecta una creciente desconfianza hacia los dirigentes sindicales. Como ejemplo menciona las reacciones generadas por las intervenciones de representantes de la Central Obrera Boliviana, quienes fueron cuestionados no tanto por sus posiciones ideológicas como por ser percibidos como personas alejadas de los problemas cotidianos de los trabajadores.
De acuerdo con el análisis, muchos usuarios consideran que los líderes sindicales forman parte de una élite privilegiada, percepción que debilita la capacidad de las organizaciones sociales para movilizar respaldo en las redes.
Otro hallazgo es que la conversación ciudadana se desarrolla en términos muy distintos a los utilizados por dirigentes políticos y analistas. Mientras estos últimos discuten aspectos jurídicos, constitucionales o históricos relacionados con un eventual estado de excepción, la mayoría de los comentarios se concentra en preocupaciones inmediatas vinculadas al trabajo, los ingresos familiares y el abastecimiento.
“El lenguaje dominante no es el de la legalidad o los derechos, sino el de la necesidad de trabajar y mantener la actividad económica”, concluye el informe.
Rodríguez & Baudoin sostiene que la principal enseñanza del estudio es que la conversación digital está marcada por una demanda de orden que no tiene un referente político claro. El cansancio económico favorece los mensajes que prometen normalizar la situación, pero al mismo tiempo alimenta la desconfianza hacia dirigentes sindicales, líderes políticos y autoridades gubernamentales por igual.
BD/RPU