Por Ricardo V. Paz Ballivián
José Ortega y Gasset escribió una de las frases más célebres del pensamiento político moderno: “Yo soy yo y mi circunstancia”. La sentencia encierra una verdad profunda. Los pueblos, como los individuos, son el resultado de su historia, de sus decisiones y de las condiciones que los rodean. También implica que el destino no está escrito de antemano y que cada sociedad tiene la responsabilidad de comprender su circunstancia para transformarla.
La circunstancia de Bolivia en este momento histórico es inquietante. El país atraviesa una crisis económica, política e institucional de proporciones. Escasean los combustibles, los alimentos, los medicamentos, se deteriora la capacidad productiva, aumenta la incertidumbre social y el conflicto se ha convertido en el principal mecanismo de relación entre los actores políticos. Lo preocupante es que, detrás de las dificultades coyunturales, emerge una pregunta más profunda. ¿Por qué Bolivia no logra consolidarse como un Estado moderno, democrático e institucionalizado? La respuesta, por dolorosa que resulte, debe ser enunciada con crudeza.
Desde su fundación republicana, Bolivia ha vivido atrapada entre dos fenómenos que han condicionado su desarrollo, el caudillismo y el corporativismo. Ambos han impedido la construcción de instituciones fuertes y han subordinado el interés general a las ambiciones particulares.
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El caudillismo ha sido una constante de nuestra historia. Durante casi dos siglos, la política boliviana ha girado más alrededor de líderes providenciales que de instituciones estables. Presidentes, jefes revolucionarios, dirigentes sindicales y líderes regionales han ocupado el centro de la escena nacional bajo la lógica de que la voluntad del caudillo está por encima de las reglas. Los proyectos políticos terminan identificándose con personas y no con principios; las lealtades se construyen alrededor de individuos y no de ideas y el poder se concentra y personaliza en lugar de institucionalizarse.
Como consecuencia, cada transición política se convierte en una refundación y cada cambio de liderazgo amenaza con destruir lo construido anteriormente. El Estado nunca termina de consolidarse porque depende excesivamente de quienes circunstancialmente lo controlan.
Pero el caudillismo no explica por sí solo nuestra fragilidad histórica. A su lado ha prosperado otro fenómeno igualmente corrosivo, el corporativismo.
En Bolivia, la representación política ha sido sustituida por la representación sectorial. Sindicatos, organizaciones campesinas, gremios empresariales, cooperativas, movimientos sociales, comités cívicos y diversas corporaciones han desarrollado una enorme capacidad de presión sobre el Estado. En teoría, la organización social es una expresión legítima de la democracia. El problema surge cuando cada sector busca privilegios particulares sin considerar el interés colectivo.
La lógica corporativa transforma al Estado en un botín que debe ser capturado para obtener beneficios específicos. En lugar de ciudadanos iguales ante la ley, aparecen grupos que negocian excepciones, prebendas o ventajas. En lugar de instituciones imparciales, se construyen mecanismos de distribución de favores. En lugar de orden jurídico, prevalece la capacidad de presión. Así, la ley deja de ser una norma general para convertirse en un instrumento negociable.
El resultado de la combinación entre caudillismo y corporativismo ha sido devastador para la construcción estatal. Bolivia ha tenido gobiernos, pero no instituciones; ha tenido movilización política, pero no ciudadanía; ha tenido liderazgos fuertes, pero no un Estado fuerte. Por eso la crisis actual trasciende el problema económico o la disputa por el poder. Lo que está en juego es algo mucho más profundo. Está en juego la propia viabilidad del proyecto nacional boliviano.
Nos encontramos frente a una crisis existencial. La palabra puede parecer exagerada, pero describe con precisión el momento. No estamos discutiendo únicamente quién gobierna o qué modelo económico aplicar. Estamos definiendo si Bolivia será capaz de construir un horizonte compartido que permita la convivencia democrática o si continuará profundizando una dinámica de confrontación permanente que erosiona los fundamentos mismos de la vida colectiva.
La resolución del conflicto actual será decisiva. Si prevalecen las instituciones sobre los liderazgos personales; si el respeto a la ley se impone sobre la fuerza de las presiones corporativas; si la democracia demuestra capacidad para procesar las diferencias sin violencia, Bolivia habrá dado un paso importante hacia su madurez republicana. No resolverá de inmediato todos sus problemas, pero habrá demostrado que posee las reservas morales y políticas necesarias para proyectarse hacia el futuro con esperanza.
Si ocurre lo contrario, si se impone la lógica de la confrontación total, si cada actor decide apostar por la destrucción del adversario antes que por la preservación del país, entonces corremos el riesgo de ingresar en una espiral de deterioro cuyas consecuencias son previsibles.
Las naciones no desaparecen necesariamente por invasiones extranjeras. Muchas veces se desintegran desde adentro, consumidas por sus propias fracturas, incapaces de construir acuerdos mínimos de convivencia. Bolivia se encuentra hoy frente a una de esas encrucijadas históricas. Nuestra circunstancia nos desafía a elegir entre la República y la tribu, entre la ley y la fuerza, entre la institucionalidad y el caudillo, entre el interés nacional y los apetitos corporativos.
La decisión que tomemos en las próximas semanas y meses no definirá únicamente el desenlace de una crisis política. Definirá si somos capaces de sobrevivir como comunidad nacional y abrir un nuevo ciclo de progreso y estabilidad, o si terminaremos diluyéndonos en una interminable y estéril “champa” de todos contra todos, una guerra terminal donde, aun cuando alguien llegue a imponerse, ya no quede demasiado por gobernar.