La posición del ministerio surge luego de que un grupo de activistas argentinos arribó este lunes al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, con el objetivo de denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos.
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El ministerio de Gobierno informó este lunes que la decisión de impedir el ingreso al país de una delegación de ciudadanos argentinos respondió a la verificación de inconsistencias entre las condiciones declaradas para su admisión al territorio boliviano y las actividades que anunciaron públicamente antes de su llegada.
«Durante los controles realizados por las autoridades competentes, se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación», señala un comunicado de la cartera de Estado, publicado en su cuenta de Facebook.
En ese marco, enfatiza que las medidas adoptadas responden «exclusivamente a criterios legales y administrativos, sin consideración de opiniones políticas, nacionalidad, afiliación ideológica o cualquier otra condición personal que pudiesen declarar los ciudadanos involucrados».
A través de un comunicado oficial, el Estado Plurinacional de Bolivia señaló que las medidas adoptadas por las autoridades migratorias se realizaron en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, la normativa migratoria vigente y las atribuciones soberanas que tiene el país para regular el ingreso, permanencia y salida de ciudadanos extranjeros.
La posición del ministerio surge luego de que un grupo de activistas argentinos arribó este lunes al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, con el objetivo de denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos, supuestas decenas de muertes y la existencia de un estado de excepción en el país.
El comunicado también recuerda que toda persona extranjera que pretenda ingresar al territorio nacional debe cumplir los requisitos establecidos por la legislación boliviana y acreditar las condiciones requeridas para su permanencia. Asimismo, aclara que las invitaciones emitidas por autoridades, legisladores o instituciones nacionales no sustituyen ni eximen del cumplimiento de las normas migratorias vigentes.
En ese contexto, las autoridades reiteraron que en los 46 días de movilizaciones y conflictos registrados en el país no se declaró ningún estado de excepción, como sostuvieron algunos integrantes de la delegación extranjera. Además, señalaron que las muertes registradas durante este periodo están vinculadas principalmente a las dificultades que enfrentaron los ciudadanos para acceder oportunamente a atención médica debido a los bloqueos de carreteras.
