La Dirección de Migración observó su ingreso al país, ya que rechaza la injerencia política de actores externos que buscan profundizar el conflicto interno.
Activistas argentinos llegaron este lunes a Bolivia para denunciar «violaciones a los derechos humanos», «decenas de muertes» en el país y un «estado de excepción» que nunca se dictó. Se trata de una campaña de desinformación que los ciudadanos de la nación vecina buscan propagar para mantener y darle un nuevo impulso al conflicto social que se mantiene activo.
«La misión tiene el objetivo de relevar denuncias acerca de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Rodrigo Paz y sus fuerzas represivas, por una decena de personas asesinadas», publicó en la red social X el diputado argentino por Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano.
Lo que llama la atención de esa publicación es la ausencia de una sola prueba que demuestre las afirmaciones del legislador, quien sí compartió fotografías del grupo cuando partía de su país rumbo a Bolivia.
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La mañana de este lunes, funcionarios de la Dirección de Migración impidieron el ingreso al país de los activistas argentinos que buscaban circular por las ciudades de La Paz y El Alto con motivaciones políticas distantes de cualquier «misión de derechos humanos», como hicieron parecer en sus perfiles.
«Ustedes han ingresado con el perfil de turistas. Bajo ese perfil no se cumple con lo que tienen que venir (a hacer) a Bolivia», se le escucha decir a un funcionario de Migración que observó la presencia de los activistas.
En la delegación también figuraba la exdiputada argentina Mercedes Trimarchi, acusada de injerencia en política interna luego de su participación hace unas semanas en las movilizaciones en El Alto.
La activista ya había sido expulsada con anterioridad por el Gobierno boliviano, que observó su estadía en el país y los fines políticos con los que ingresó para alentar las movilizaciones.
«Es inadmisible que sean tratados de esta manera y que no se les permita el ingreso para llevar adelante la misión de veedores de los derechos humanos por la que fueron invitados por organizaciones y diputados de Bolivia», publicó al respecto el diputado Giordano.
En los 46 días de movilizaciones de los sectores que buscan romper con la democracia para derrocar al presidente Rodrigo Paz, el Gobierno nunca llegó a aplicar el estado de excepción.
Asimismo, se contabilizaron al menos 13 muertes ocasionadas por los bloqueos, ya que las personas que perecieron no pudieron llegar a tiempo a recibir atención médica.
Por último, se constató la violación de derechos humanos por parte de los grupos movilizados que impidieron el ingreso de alimento a las ciudades que cercaron, que quedaron desabastecidas de insumos médicos y de combustible para mantener los servicios esenciales de la población.