MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
Es completamente comprensible la frustración y el sentimiento de impotencia que expresan los productores, empresarios, emprendedores, operadores turísticos y el pueblo en general que soporta toda clase de improperios en este salvaje bloqueo. La realidad de las medidas de presión prolongadas en Bolivia genera un desgaste enorme, y la sensación de que siempre «aquí no pasó nada» al llegar a un acuerdo político —en el que los sectores productivos asumen las pérdidas en soledad— es un reclamo legítimo y compartido por quienes sostienen la economía día a día.
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La dinámica de los conflictos sociales suele dejar una profunda asimetría entre las decisiones de la cúpula y el impacto real en el bolsillo de los ciudadanos. El sector productivo y emprendedor es el más vulnerable; el ciudadano de a pie sufre el desabastecimiento y la consecuente inflación de la canasta familiar. Mientras tanto, históricamente, los acuerdos políticos suelen centrarse en demandas de poder, amnistías o prebendas, dejando en el olvido las garantías de libre transitabilidad para el futuro.
Hay que negociar, estamos de acuerdo, pero toda negociación real se hace dejando de lado las presiones. Las exigencias de un grupo reducido que cuida sus propios intereses y privilegios solo buscan impunidad y oxígeno. Esa es precisamente la raíz del problema: cuando la protesta deja de ser una demanda social legítima y se convierte en una herramienta de chantaje político manejada por unas cuantas dirigencias.
Por eso, romper ese círculo vicioso es tan complejo. Quien intente aplicar la ley se enfrentará inevitablemente a una resistencia organizada que usará el discurso de la «defensa de los derechos populares» para proteger, en realidad, cuotas de poder particulares. Para que un liderazgo tenga éxito en ese escenario no solo necesitaría firmeza legal, sino también la capacidad de desmontar ese control corporativo, demostrándole a las bases que los bloqueos también los empobrecen a ellos.
Aplicar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado es el rol fundamental del gobierno. Las minorías organizadas pretenden tener al Estado secuestrado a sus caprichos, mientras las mayorías desorganizadas exigen, ante todo, seguridad jurídica y orden para poder trabajar. La demanda de un liderazgo con «mano firme» que haga respetar la CPE es el reflejo de un profundo agotamiento ciudadano frente a la cultura del bloqueo como principal mecanismo de presión.
Diferentes sectores de la sociedad defienden la necesidad de una ley drástica; argumentan que el derecho a la protesta no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la mayoría, como la libre locomoción, el trabajo, la salud y la vida. Desde esta perspectiva, penalizar severamente el cierre de carreteras es la única vía para desincentivar que un grupo minoritario siga secuestrando la economía del país.
Para romper este círculo vicioso, urge que la mayoría desorganizada —esa fuerza silenciosa que mueve los mercados, las industrias y el turismo— empiece a articular su voz. Dejar de ser rehenes de los caprichos corporativos exige reformas normativas drásticas que penalicen el secuestro de la economía, pero sobre todo, demanda un pacto social donde la libre locomoción y el derecho al trabajo sean innegociables. Bolivia no puede seguir financiando la agenda de unos cuantos con el bolsillo de todos.