El diputado afirmó que la demora en la aprobación del Presupuesto General del Estado reformulado prolonga las pérdidas ocasionadas por empresas estatales que deberán ingresar a un proceso de liquidación una vez que la norma entre en vigencia.
eju.tv / Video: LHP
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, pidió acelerar la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2026, al considerar que cada día de retraso impide iniciar el proceso de cierre de empresas públicas deficitarias y prolonga el impacto de esas entidades sobre las finanzas del Estado.
El legislador explicó en una entrevista brindada a La Hora Pico de eju.tv que el proyecto establece un plazo de 30 días para iniciar la liquidación de las empresas deficitarias una vez que el presupuesto entre en vigencia, por lo que advirtió que postergar el debate implica mantener recursos públicos destinados a entidades que ya no son sostenibles.
«Personalmente me preocupa que el presupuesto, el reformulado, se fije una vez aprobado y enviado al Ejecutivo para su promulgación, para que entre en vigencia, se fijen 30 días para el cierre de empresas deficitarias. Lo cual me parece fundamental para dejar de desangrar las arcas del Estado”, señaló el parlamentario.
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Rada sostuvo que la aprobación del reformulado debe priorizarse para iniciar el proceso de reorganización del aparato estatal y reducir el gasto público. “Y mientras no entre en vigencia, le seguimos dando oxígeno a esas empresas parasitarias, que ahí es donde está el mayor gasto y que eso sí se podría distribuir. Entonces, creo que el debate no se debe alargar mucho más», precisó.
El parlamentario aclaró que el cierre de las empresas no será automático, ya que antes deberá designarse un liquidador que revise la situación patrimonial y financiera de cada entidad, determine responsabilidades y garantice el resguardo de los recursos públicos invertidos. «No es nomás que la empresa no funcionó y la cerramos. Tiene que haber responsabilidades», subrayó.
Añadió que muchas empresas mantienen deudas con proveedores públicos y privados, por lo que el proceso de liquidación deberá realizarse con rigor técnico y jurídico para evitar perjuicios al Estado y posibles responsabilidades posteriores para las autoridades encargadas. «No hay que olvidarse de que son millones de bolivianos o de dólares que le hemos puesto entre todos los bolivianos a una empresa”, precisó.
Rada recordó que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el presupuesto dentro del plazo previsto por la normativa, el Órgano Ejecutivo podrá promulgarlo mediante decreto, aunque consideró importante mantener el debate parlamentario para introducir ajustes orientados a racionalizar el gasto público. “Mientras tanto, estas empresas deficitarias siguen funcionando y siguen chupándole la sangre al Estado”, sentenció.