Aprobación legislativa: El pleno del Concejo sancionó la Ley Municipal N.º 707 que autoriza la incorporación de saldos de la gestión 2025 para ejecutarse este 2026.
Fuente: https://lapalabradelbeni.com
Prioridad en salud: Más de Bs 6 millones de los recursos presupuestados estarán destinados exclusivamente a fortalecer la atención y necesidades del sector salud.
Siguiente paso: La norma fue remitida al Ejecutivo Municipal para su promulgación e inscripción operativa dentro de las dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad.
En sesión del pleno, el Concejo Municipal de Trinidad sancionó la Ley Municipal N.º 707 de Modificación Presupuestaria de Saldos en Caja y Bancos, instrumento que viabiliza la inscripción de algo más de 11 millones de bolivianos no ejecutados en la gestión 2025 para su uso inmediato en los programas y proyectos del presente periodo fiscal 2026.
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Tras la deliberación del cuerpo deliberante, el proyecto fue remitido de manera oficial al despacho del Ejecutivo Municipal para su promulgación y reglamentación operativa.
Inyección directa al sector salud
De acuerdo con el desglose del techo presupuestario autorizado por el Ente Legislativo, la mayor parte del monto inscrito estará destinada a dar respuesta a las demandas sociales más urgentes del municipio trinitario.
«Cabe resaltar e informar a la población que hay un poco más de seis millones de bolivianos distribuidos específicamente para el sector salud. El resto de esos 11 millones se canalizará para equilibrar y fortalecer el funcionamiento de las distintas dependencias y áreas operativas del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad», detalló la autoridad legislativa al momento de explicar los alcances de la norma.
Marco presupuestario
Desde el Concejo aclararon que esta medida corresponde estrictamente a la sanción de una ley de modificación para saldos en caja y bancos, mecanismo técnico-legal que permite disponer de los recursos remanentes del año anterior sin alterar de forma directa la estructura general del Plan Operativo Anual (POA), garantizando que las partidas presupuestarias se ejecuten en favor de la ciudadanía con respaldo legal.
