El problema ya no se limita a la pérdida de mineral. La presencia de grupos que intentan ingresar a las operaciones mineras expone a trabajadores, militares y civiles a accidentes en un entorno caracterizado por galerías subterráneas, terrenos inestables y condiciones de alto riesgo.
La mina en Huanuni. Foto: Archivo
Fuente: La Razón
El robo de mineral, conocido popularmente como “jukeo”, se convirtió en un problema permanente para la minería boliviana. En la Empresa Minera Huanuni, en Oruro, los intentos de ingreso de personas dedicadas a la extracción ilegal se registran con frecuencia casi diaria, según las Fuerzas Armadas.
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Esas acciones obligan a reforzar las tareas de vigilancia en uno de los principales centros mineros estatales del país.
El problema ya no se limita a la pérdida de mineral. La presencia de grupos que intentan ingresar a las operaciones mineras expone a trabajadores, militares y civiles a accidentes en un entorno caracterizado por galerías subterráneas, terrenos inestables y condiciones de alto riesgo.
El pasado 26 de julio, dos sargentos del Ejército murieron tras caer aproximadamente 50 metros en el yacimiento minero. De acuerdo con el comandante de la Segunda División del Ejército, William Revuelta, los uniformados se encontraban realizando tareas de seguridad luego de un operativo contra personas que intentaban sustraer mineral.
Revuelta aclaró que la tragedia no fue producto de una emboscada, sino de un deslizamiento accidental del terreno. El suelo cedió cuando los militares se desplazaban por un sendero exterior del cerro Posokoni, arrastrando también a un trabajador minero civil.
El accidente puso nuevamente en evidencia los riesgos que rodean a las operaciones de seguridad en zonas mineras donde la explotación prolongada puede generar condiciones de inestabilidad geológica.
Huanuni
Según Revuelta, el incremento del precio de los minerales ha contribuido a aumentar el interés por la extracción ilegal.
“Es una situación recurrente. Desde que el precio del mineral ha subido, hay más gente que se dedica a este delito”, señaló el jefe militar, al explicar que los intentos de ingreso se concentran en las bocaminas y almacenes.
La presión no solo se registra en Huanuni. Potosí también enfrenta desde hace años el problema del robo de mineral, particularmente en zonas vinculadas al Cerro Rico, donde las actividades clandestinas generan preocupación por la seguridad de las personas y la estabilidad de las estructuras mineras.
Fines de semana y feriados, momentos de mayor riesgo
De acuerdo con la información proporcionada por el comandante militar, los grupos dedicados al robo de mineral suelen aprovechar fines de semana y feriados, cuando disminuye la presencia de personal técnico y las operaciones productivas pueden reducirse temporalmente.
La estrategia busca aprovechar esos momentos para ingresar a sectores con menor vigilancia y extraer mineral antes de ser detectados.
Reportes y denuncias procedentes de zonas mineras de Potosí también describen el uso de herramientas de perforación, sacos y sistemas de comunicación para facilitar estas incursiones. A ello se suman denuncias sobre el empleo de explosivos y armas de fuego en algunos enfrentamientos, un factor que eleva considerablemente el riesgo para quienes trabajan o cumplen funciones de seguridad en los yacimientos.
“Los ‘jukus’ aprovechan que es fin de semana y muchos no trabajan. Piensan que no hay personal o son pocos y quieren sorprender el sistema de seguridad”, explicó Revuelta.
El costo económico no termina en el mineral robado
Para las empresas mineras, el “jukeo” representa mucho más que la pérdida de una determinada cantidad de mineral.
Cada carga sustraída supone horas de perforación, uso de maquinaria, energía, explosivos, transporte y trabajo humano que fueron necesarios para extraerla. Cuando el mineral desaparece de manera ilegal, también se pierde parte del valor generado por toda esa cadena productiva.
El impacto alcanza además a las familias que dependen directa e indirectamente de la minería. Menor producción significa potencialmente menores ingresos para trabajadores, proveedores, transportistas, comerciantes y comunidades vinculadas a la actividad.
En el caso de empresas estatales como Huanuni, el problema adquiere otra dimensión: la pérdida de mineral también afecta los ingresos de una operación que genera recursos para el Estado y sostiene una importante actividad económica en su entorno.