El analista en seguridad considera positivo el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía en San Ignacio, pero advierte que la presencia armada debe estar acompañada por inteligencia criminal, investigación financiera, control efectivo de la frontera y cooperación en tiempo real con Brasil.
El despliegue de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en San Ignacio de Velasco puede generar un efecto disuasivo frente al crimen organizado, pero no será suficiente por sí solo para frenar el sicariato, advirtió el analista en temas de seguridad Rubén Barrientos. A su criterio, la operación debe tener una misión claramente definida y orientarse a identificar y desarticular las estructuras que están detrás de los hechos violentos.
Barrientos consideró positiva la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona fronteriza, aunque cuestionó que el despliegue de unidades de élite con armamento pueda convertirse solamente en una demostración de fuerza. “Cuando vemos fuerzas especiales desplazándose con armamento, la imagen es de una operación de alta intensidad”, señaló, antes de plantear la necesidad de establecer con precisión cuál será su misión y contra quién se dirigirá.
El experto sostuvo que, si existen células de organizaciones criminales asentadas en territorio boliviano, las operaciones deben concentrarse en identificarlas y desarticularlas. Para ello, planteó combinar inteligencia criminal con control de pasos fronterizos, intercambio de información en tiempo real con Brasil y coordinación con el Ministerio Público.
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También propuso ampliar las investigaciones hacia la estructura que permite operar a los sicarios: quién los contrata, quién financia las acciones, quién proporciona las armas y vehículos y quién facilita alojamiento o logística. “El sicariato no se combate solamente mostrando fuerza, se combate desarticulando la estructura”, afirmó.
Comandos de élite de las Fuerzas Armadas. Foto: MinDef
Uno de los factores que, según Barrientos, debe ser considerado es la condición fronteriza de San Ignacio. El analista señaló como antecedente la posibilidad de que autores de hechos violentos ingresen desde Brasil, cometan los delitos y posteriormente vuelvan a cruzar la frontera. Por ello, consideró que la respuesta requiere una coordinación operativa que trascienda el despliegue dentro de la población.
En ese contexto, pidió evitar la estigmatización de las poblaciones fronterizas. “San Ignacio, San Matías, Cobija, ahora Chapare, no son zonas de campos de batalla, ni sus habitantes son los enemigos”, sostuvo. Afirmó que, si existen integrantes de organizaciones criminales mimetizados entre la población, corresponde identificarlos mediante investigación y desarticular las estructuras a las que pertenecen.
Barrientos también se refirió a las versiones que relacionan el incremento de hechos violentos con la captura de Sebastián Marset. Dijo que existe la hipótesis de una eventual pugna de poder entre organizaciones criminales después de la salida de escena del narcotraficante uruguayo, pero remarcó que cada caso debe ser investigado para establecer sus causas y determinar si existe o no una relación con el narcotráfico.
En su análisis, los ajustes de cuentas pueden responder a distintos factores dentro de las organizaciones criminales, como deudas, incumplimiento de acuerdos, filtración o venta de información o afectación de determinadas actividades ilícitas. Por ello, consideró necesario separar cada caso y evitar atribuir automáticamente los hechos al narcotráfico.
El patrullaje se efectúa por tierra y aire. Foto: MinDef
El experto planteó además una tarea pendiente para el Estado: fortalecer las capacidades de investigación en las zonas fronterizas. Consideró necesario contar con unidades policiales especializadas que puedan obtener y procesar información sobre lo que ocurre en esas regiones y actuar de manera coordinada con otras instituciones.
Para Barrientos, las próximas cumbres de seguridad deberían dejar de concentrarse únicamente en el diagnóstico y avanzar hacia propuestas concretas y su ejecución. El despliegue de las FFAA y la Policía, dijo, demuestra voluntad de actuar, pero esa voluntad debe complementarse con las herramientas necesarias para obtener resultados.
La nueva presencia de las fuerzas de seguridad en San Ignacio abre así un desafío que va más allá del patrullaje: identificar a las organizaciones que operan en la frontera, conocer cómo se financian y movilizan, cortar sus redes logísticas y coordinar con Brasil para evitar que los delincuentes puedan aprovechar la frontera como vía de escape.