El organismo defensorial advirtió que los decesos registrados hasta julio de 2026 ya superan los 15 casos de todo 2025. La mayoría se concentra en Palmasola y Montero, mientras el hacinamiento nacional supera el 109%.
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El informe de seguimiento a la “Alerta Temprana sobre la Situación Penitenciaria en Bolivia”, presentada en septiembre de 2025, establece que los problemas persisten pese a las recomendaciones formuladas por la institución defensorial.
“Mientras que en todo 2025 se registraron 15 muertes violentas, en apenas siete meses de 2026, entre enero y julio, la cifra ya alcanzó 17 decesos”, señaló Callisaya.
La situación genera especial preocupación en Santa Cruz, donde Palmasola y el centro penitenciario de Montero concentran la mayoría de las muertes violentas reportadas en lo que va del año.
Para la Defensoría, el incremento de la violencia está relacionado con las condiciones estructurales que persisten dentro de las cárceles, entre ellas el hacinamiento, la falta de personal sanitario, las dificultades para garantizar la alimentación y la demora de los procesos judiciales.
El problema no se limita a la violencia. Según el informe defensorial, durante 2025 el sistema penitenciario boliviano registró un hacinamiento del 109%, con una población total de 32.677 personas privadas de libertad.
Más de la mitad estaba sin sentencia
Otro de los factores que preocupa a la institución es el elevado porcentaje de personas sometidas a detención preventiva. Hasta diciembre de 2025, el 53,91% de la población penitenciaria no tenía una sentencia condenatoria, pese a que la detención preventiva debería ser una medida excepcional.
Callisaya cuestionó que la prisión preventiva continúe aplicándose como una regla y pidió al Órgano Judicial y al Ministerio Público explicar qué medidas adoptarán para reducir el número de personas encarceladas sin sentencia.
Aunque entre julio y diciembre de 2025 la proporción de detenidos preventivos disminuyó en dos puntos porcentuales, la Defensoría considera que la reducción todavía es insuficiente frente a la magnitud del problema.
La crisis también alcanza al sistema de salud penitenciario. La Defensoría identificó un déficit de personal médico, con una proporción aproximada de un profesional por cada 510 personas privadas de libertad. Esta situación dificulta incluso la aplicación del protocolo que establece que los nuevos internos deben recibir un examen médico dentro de las primeras 48 horas de su ingreso.
Según la institución, la falta de atención oportuna provoca que algunas patologías que podrían ser prevenidas o tratadas tempranamente no sean detectadas.
A las deficiencias de seguridad y salud se suman dificultades para garantizar la alimentación de los internos. La Defensoría reportó retrasos en el pago de los prediarios debido a problemas administrativos de los gobiernos municipales. En La Paz se registraron demoras de hasta tres meses, mientras que en Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija llegaron a dos meses.
El organismo también alertó sobre proyectos de infraestructura penitenciaria paralizados en departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Callisaya cuestionó además la falta de respuesta formal del Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado a las recomendaciones emitidas por la Defensoría.
Ambas instituciones fueron notificadas en diciembre de 2025 y marzo de 2026, respectivamente, pero hasta la fecha no habrían presentado un pronunciamiento formal sobre las acciones adoptadas para atender las observaciones.
“A casi un año de la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, en septiembre de 2025, persiste la crisis estructural en el sistema penitenciario”, afirmó Callisaya.
La Defensoría anunció que continuará exigiendo medidas al Estado para enfrentar los riesgos identificados y garantizar la integridad de las más de 32.000 personas privadas de libertad que forman parte del sistema penitenciario boliviano.
Defensoría alerta que crisis carcelaria persiste y exige acciones urgentes
